Tras una larga investigación, "Drako Mafia" y "Jaico Osiel" fueron arrestados en una redada en Pedro Aguirre Cerda.
Las pistolas que mostraron en el registro fueron utilizadas en enfrentamientos con bandas rivales, según la BIPE.
Así lo constató una auditoría de la Contraloría a los procesos de la Dirección General de Movilización Nacional, que involucran cientos de miles de estos instrumentos mortales.
Para el Gobierno, es señal de la necesidad de "modernizar" la actual ley de armas y avanzar en el proyecto que se encuentra en el Congreso.
Se trata de armas en poder de familiares de personas fallecidas, que no fueron regularizadas.
Las diligencias se desarrollaron en Bulnes, El Carmen, Pemuco, Quillón, San Ignacio y Yungay.
El año pasado se registraron 14 homicidios, de los cuales seis fueron por armas de fuego.
Las regiones Metropolitana, Tarapacá y Biobío aparecen como las zonas con más alta tasa referente a este tipo de crímenes.
El edificio consistorial está con protección policial las 24 horas.
La autoridad destacó que los parceleros de su comuna están dispuestos a usar las armas.
El 13 de enero, Carabineros registró la primera incautación voluntaria del año en Ñuble.
La Fiscalía ha señalado que en la región existen más de 4.300 armas de fuego con dueños fallecidos.
La subsecretaria Katherine Martorell afirmó que es una prioridad que la normativa "esté a la altura de la realidad que estamos viviendo hoy".
El alcalde Felipe Alessandri dio cuenta que el menor que realizó la amenaza sufría bullying.
Ocho sujetos han sido detenidos por posesión, tenencia o porte ilegal de arma de fuego, mientras que 22 individuos han sido imputados por infracción a la Ley de Armas.
Entre el armamento recuperado destacan escopetas, carabinas, rifles, pistolas, revólveres y munición de diferentes calibres.
El enfrentamiento se produjo durante el velorio de un presunto narcotraficante de la comuna.
La afectada aseguró que el perdigón fue disparado desde una escopeta de Carabineros.
Felipe Delpín solicitó que se incorpore un fiscal especial que determine cómo ese tipo de armas llegan hasta los grupos narcotraficantes.
"Si no lo detenemos ahora no quiero pensar cómo va a ser nuestro país en 10 ó 15 años más", sostuvo la autoridad.
La subsecretaria Katherine Martorell atribuyó que la debilidad de la legislación actual permite una mayor agresividad de los delincuentes.
"Los números demuestran que los delitos retrocedieron, pero no es significativo si no logramos traspasar seguridad a la comunidad", reconoció en Cooperativa.
El armamento será enviado a Santiago para su destrucción y fundición.
El general director, Hermes Soto, aseguró que no entiende "cuál es el objetivo de lo que el alcalde está planteando".
En tanto, desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, aseguran que "no se justifica" y que podría ser "peligroso".
La timonel UDI cree que "no se entiende adecuadamente lo que está haciendo" el alcalde Palacios, miembro de su partido.
Le recomendó que "siga explicando que esto no es para que la gente tome justicia en sus manos".
