Jorge Bermúdez detalló, ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, los argumentos por los que fue declarado ilegal uno de los convenios suscritos por el Minsal.
"Lo que estamos diciendo es que (Salud) aclare cómo llegó a estos precios, para llegar a ese nivel de $1.600 millones", dijo el máximo fiscalizador.
Este lunes, en una nueva sesión de la comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco, utilizado como recinto asistencial en el marco de la pandemia del Covid-19, el contralor Jorge Bermúdez ahondó en los argumentos por los que su institución declaró ilegal uno de los contratos.
"Aparentemente se estarían pagando, en dos contratos, tanto en el de arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones", señaló la máxima autoridad del ente fiscalizador ante la instancia especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, consignó La Tercera.
"La Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que, en ese contrato, usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato", indicó.
Asimismo, Bermúdez explicó que surgen dudas porque "no se entregan antecedentes suficientes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones que se detallan luego en ese mismo contrato", y que el organismo fiscalizador también objetó en el punto 3 la prórroga automática que se establece en el propio acuerdo.
En relación con los contratos que el ente sí tomó razón, el contralor explicó que se compararon las "prestaciones de servicios de recintos hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría".
"Eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía. Se supone que lo va a aclarar", indicó.
"Por un lado, el contrato dice que el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario, y luego el contrato de prestación de servicio dice que usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantención de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces, la verdad hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo", profundizó.
En este punto, el contralor detalló que las observaciones realizadas a las prestaciones específicas tienen que ver con "explicar cómo estas prestaciones no se suponen con las que ya están en el contrato de arriendo" y "por qué se paga este precio por esas prestaciones".
"Nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más, lo que estamos diciendo es que aclare cómo llegó a estos precios que está pagando, para llegar a ese nivel de $1.600 millones", añadió.
En esa misma línea, detalló que "respecto al contrato de arriendo, a lo que se llega es un contrato de un determinado valor por metro cuadrado utilizado. Eso es lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron".
