La Contraloría General de la República dictaminó que el plan gradual de retorno de funcionarios públicos elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Civil y que incluía directrices para la vuelta gradual de los trabajadores del Estado a sus funciones no se ajusta a derecho.
A través del dictamen 9762/2020, el órgano contralor estimó que "corresponde a los jefes de servicio adoptar las medidas para resguardar la salud de sus funcionarios y los usuarios de la institución, observando la normativa y las directrices impartidas por la autoridad sanitaria".
La Contraloría remarca en su documento que "no se advierten atribuciones de la Dirección Nacional del Servicio Civil para impartir las instrucciones contenidas en oficio".
El pasado 20 de abril, el Servicio Civil anunció que el retorno de los funcionarios públicos sería gradual y sólo afectaría a aquellas labores prioritarias para una adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, valoró la determinación de la Contraloría, destacando que se defiende la vida humana por sobre cualquier otra opción.
"Este dictamen permitió despejar claramente lo que hemos dicho también desde la ANEF, que significa que el foco hoy es el ser humano frente a esta pandemia mundial, su salud y la vida está por sobre todas las cosas, entendiendo que si no se genera el autocuidado, como se ha dicho claramente desde el primer dictamen del 17 de marzo, hoy podemos relevar bajo este nuevo dictamen que refuerza", indicó.
Pérez señaló que "esto zanja incluso la intervención del Servicio Civil en un ámbito que no le corresponde".
Desde la Asociación Nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) también valoraron la resolución, asegurando -mediante un comunicado- que viene a "dar razón y sustento a la defensa de la organización sindical a sus asociados, asociadas y a los funcionarios y funcionarias públicos, en una situación de emergencia sanitaria".
La Contraloría se pronunció al respecto tras solicitud de la Ajunji y la CUT, que recurrieron tras el anuncio, mediante un protocolo, del Servicio Civil el 20 de abril pasado, en el marco del Plan Retorno Seguro.
"Siempre sostuvimos que la orden no se ajustaba a la ley"
Desde el mundo político, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) subrayó que "siempre sostuvimos que esa orden no se ajustaba a la ley ni era prudente, desde el punto de vista de la protección de los trabajadores que tiene el Estado como empleador".
"El único afán que se veía detrás de ella era mostrar cierto triunfalismo del Gobierno en el control de la epidemia, cosa que -en el correr de los días- se demostró que nunca existió. Por lo mismo, valoro que la Contraloría ponga orden en los criterios que tienen que primar a la hora de estas decisiones", agregó la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja.
Desde el oficialismo, el diputado Patricio Melero (UDI) apuntó que el dictamen "cuestiona las atribuciones del Servicio Civil y deposita en cada jefatura de servicio la forma o no cómo se debe implementar el retorno de los funcionarios".
"Sin duda que con 9 millones de chilenos en cuarentena, no es el minuto para plantearlo (el retorno de los trabajadores), pero sin duda, y más temprano que tarde, espero que los funcionarios deberán ir volviendo gradualmente y con todas las medidas de resguardo a sus funciones, porque también se deben a miles de chilenos que necesiten hacer trámites", añadió.
