La iniciativa fija millonarias multas y penas de cárcel a las personas, empleadores y empresas que infrinjan las disposiciones de la autoridad en tiempos de catástrofe.
El Senado lo aprobó por unanimidad y ahora pasa a su discusión en la Cámara Baja.
El Senado aprobó, por unanimidad, un proyecto de ley que busca endurecer las penas y multas contra quienes incumplan las disposiciones sanitarias de la autoridad en contexto como el que se vive actualmente en Chile, con una crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
El texto, que fue visado con 34 votos a favor en general y en particular a la vez -sin discusión-, apunta a castigar la falta de responsabilidad que ha habido en algunos grupos durante esta pandemia en nuestro país.
Por ejemplo, cultos evangélicos que seguían reuniéndose y generaron brotes de contagios, como en San Pedro de la Paz (Biobío); obras de construcción que seguían trabajando por orden de los capataces pese a haber casos entre los trabajadores, o aquellos irresponsables que optan por salir de la ciudad, como en Santiago para este fin de semana largo, a pesar de las medidas sanitarias.
El senador Manuel José Ossandón (RN), uno de los autores de la iniciativa, expuso que "hemos visto más de 1.700 personas detenidas por no respetar el toque de queda, más de 500 por no respetar una cuarentena obligatoria, como también hemos visto gente que sale en helicóptero para evadir el control de Carabineros en la Región Metropolitana hacia la costa".
"Esto es muy irresponsable y hay que saber que no sólo nos cuidamos nosotros, sino que también tenemos responsabilidad hacia el prójimo", agregó.
El proyecto modifica el artículo 318 del Código Penal respecto a las sanciones contra quien pusiere en peligro la salud pública infringiendo las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio.
En ese caso, busca endurecer las penas de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado mínimo a medio, y aumentar las multas de las 20 UTM (un millón de pesos) actuales a 200 UTM, cerca de 10 millones de pesos.
Esta cifra, no obstante, difiere de las 1.000 UTM (50 millones de pesos) que arriesgan quienes quebranten el mandato o intenten salir del cordón sanitario dispuesto por las autoridades, según ha informado el Gobierno.
El ministro del Interior Gonzalo Blumel prefirió distanciarse de la iniciativa e hizo énfasis en la responsabilidad personal.
"Esa tendencia que tenemos en Chile que cada vez que hay problema queremos resolverlo por el Código Penal no siempre es el camino, a veces es necesario, pero ante todo insisto en el llamado a la responsabilidad de las personas, no podemos aspirar a que todos los problemas de nuestra sociedad se resuelvan a través del código penal y de la coacción estatal", comentó.
✅Hoy la Sala del Senado aprobó tres proyectos de ley.
— SenadoChile (@Senado_Chile) April 8, 2020
La última iniciativa que se despachó, iniciada en moción parlamentaria, tiene como objetivo aumentar la pena a quienes pongan en peligro la #salud pública en tiempos de catástrofe. Pasa a la @Camara_cl #Covid19Chile 😷
La iniciativa también sancionará a empleadores que obliguen a sus trabajadores a asistir presencialmente en caso de cuarentena o aislamiento.
"Una persona que, teniendo la autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, lo obligue a trabajar presencialmente cuando éste se encuentra en cuarentena o un aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública. En ese caso, esa persona que tiene el poder arriesgará las sanciones de presidio en su grado mínimo a medio, 61 días a 3 años, y una multa de 20 a 200 UTM por cada trabajador obligado", detalló el senador Felipe Harboe (PPD), otros de los autores del proyecto.
Además, se incluye un castigo a las empresas, servicios públicos e instituciones que sin autorización sigan funcionando en un territorio declarado en cuarentena o aislamiento obligatorio o durante toque de queda: arriesgarán sanciones de 100 a 1.000 UTM (5 millones a 50 millones de pesos) e imposibilidad temporal o permanente de suscribir contratos con el Estado.
El texto ya sorteó su primer trámite y ahora pasó a la Cámara Baja.
