Guillermo Arenas debió renunciar al cargo por la situación.
El jurista pidió más de 2.000 millones de pesos por daños morales y económicos.
El ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas demandó a la empresa que se adjudicó la fallida licitación de la plataforma tecnológica del servicio el año 2007, el grupo indio TATA, por perjuicio a su prestigio, daños morales y económicos.
Arenas tuvo que renunciar a su cargo en marzo pasado, luego que la misma Presidenta Michelle Bachelet le pidiera la dimisión después de que se conocieran detalles de irregularidades en una licitación informática por 80 millones de dólares, que se había adjudicado al consorcio indio TATA y que el mismo abogado y militante del Partido por la Democracia (PPD) anuló.
La negativa a llevar a cabo la licitación se debió a que un funcionario del servicio, llamado Andrés Contardo, trabajaba al mismo tiempo para la firma extranjera.
El ex funcionario pidió más de 2.000 millones de pesos por daños, entre los cuales se cuenta una cifra de 1.300 millones por una indemnización punitiva debido a la perdida de su prestigio, 600 por daños morales, 75 por daños emergentes y 60 por lucro cesante.
Conocimiento de las empresas sobre irregularidades
El abogado de Arenas, Alex Caroca, afirmó que el jurista cree que la empresa indio TATA nunca quiso informar de que Contardo también trabajaba para la compañía.
"(Demanda) porque el siente que, como funcionario público, ha sido víctima de una serie de maniobras que ambas empresas realizaron para tratar de adjudicarse a toda costa la licitación del Registro Civil", dijo.
La demanda también fue hecha en contra de la empresa Quintec, la cual competía con TATA por la licitación y que según Caroca tenía conocimiento de la irregularidad.
"En teoría sabemos que supo de esa situación y en lugar de colocarlo en conocimiento de la Contraloría, los tribunales o el propio Registro Civil, y en último termino de Guillermo Arenas para que tomara las medidas correspondientes, tampoco lo hizo, guardó reserva de la situación y la dio a conocer por escándalo a través de un canal de televisión", aseguró el abogado.
El caso sólo tiene dos formalizados hasta ahora: Andrés Contardo, por cohecho en calidad de funcionario y por vincularse con la empresa TATA, y el ex subprefecto de la PDI Jorge Donoso, quien destruyó material de las conversaciones telefónicas durante la investigación del caso.
