Ministerio Público y la defensa del jefe comunal habían acordado cerrar el caso.
La investigación abordaba presuntos pagos para construir un supermercado en terrenos municipales.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió anular el acuerdo judicial que logró la defensa del alcalde UDI Mario Olavarría con el Ministerio Público en el cual se había suspendido la causa y adoptado medidas cautelares.
Olavarría fue investigado por la supuesta recepción de pagos indebidos con objeto de permitir la instalación de un supermercado Tottus en terrenos municipales.
El tribunal de alzada capitalino acogió este martes la apelación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentando que los hechos investigados aparecen como graves y reiterados lo que, de acuerdo a lo expresado por la corte, no da pie a una salida alternativa.
El abogado de Olavarría, Matías Balmaceda, cuestionó la decisión de la Corte de Apelaciones y afirmó que "aquí la pena que arriesgan los imputados es de 61 días en el peor escenario, con lo cual el sistema judicial actual propone esta salida alternativa para que operen de manera tal que creo que desde ese punto de vista es errado".
Por ello, afirmó que esperarán a la decisión que tomará el Ministerio Público, adelantando que no accederán a un juicio simplificado, sino que "habrá que defender las imputaciones en un eventual juicio oral".
El acuerdoEl pasado 28 de abril, el fiscal Mauricio Vergara y el ex asesor de Olavarría, Domingo Soto, el inversionista Nabil Mansour y el ejecutivo de Falabella Francisco Leyton lograron conseguir la suspensión condicional del procedimiento.
Con este acuerdo, el jefe edilicio debía firmar durante 13 meses ante la fiscalía, además de informar de cualquier cambio de domicilio, mientras que Soto, Mansour y Leyton debían pagar en conjunto 60 millones de pesos.
Además, el fallo establecía que Olavarría tenía que cumplir con la resolución 529-2009 de la Contraloría General de la República, respecto a la restitución de remuneraciones extras percibidas por él, por un monto de cerca de 56 millones de pesos y cuestionadas por el órgano fiscalizador, lo que ya se cumplió.
