Este tipo de plataformas son los principales sponsors de clubes y el propio torneo.
La radical medida llegó ad portas de las elecciones presidenciales.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prohibió las apuestas deportivas y juegos en línea en todo el territorio nacional, calificando a este sector como un "cáncer" que destruye la economía de las familias y la salud mental de la población.
A solo nueve días de las elecciones generales, la ley prohíbe de manera instantánea la realización de nuevos depósitos o la aceptación de apuestas en las plataformas que operaban en el país. El Gobierno brasileño fijó así un calendario que obliga al cierre definitivo de estas webs y aplicaciones para el próximo 6 de octubre.
"He tomado una medida necesaria, dura y drástica. Esto es como el cáncer: o extirpamos el tumor, o nos matará", ejemplificó el mandatario brasileño en sus redes sociales tras firmar la norma.
La ley fue sido enviada al Congreso, donde deberá ser votada en ambas cámaras en un plazo de 120 días para convertirse en definitiva. Asimismo, Lula comparó el impacto de la ludopatía con el consumo de crack y ha subrayado la obligación del Estado de proteger a los sectores más vulnerables: No es ninguna broma. Es algo muy serio. No vamos a permitir que las empresas de apuestas se enriquezcan a costa de los ingresos y la vida de las familias brasileñas", resaltó.
El decreto establece que las personas que apuestan tendrán hasta las 23:59 horas (hora local) del 5 de octubre para retirar de forma voluntaria sus saldos de las plataformas. Finalizado ese plazo, los sitios web quedarán fuera de servicio y las casas de apuestas deberán transferir entre el 7 y el 8 de octubre la información de los fondos remanentes a las entidades bancarias correspondientes.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, el Gobierno brasileño aseguró que reforzará los recursos del Ministerio de Justicia y de la Policía Federal. Así, las autoridades perseguirán las operaciones clandestinas, bloquearán las cuentas bancarias vinculadas a la intermediación ilegal de juegos e integrarán los sistemas de inteligencia financiera para clausurar dominios no autorizados.
A través de diversos y extensos comunicados, los principales clubes del Brasileirao, liderados por Flamengo, expresaron su molestia con la medida, pues las casas de apuestas son el principal ingreso económico del campeonato.
Estos patrocinadores representan entre el 6 y el 7 por ciento del presupuesto de los clubes. Incluso, el propio torneo de Primera División, que marca el mayor premio sudamericano al campeón nacional con 10 millones de dólares, es auspiciado por Betano.
Dentro de los descargos de los equipos se apuntó a una prohibición pese al proceso de regularización e inicio de tributación de las casas de apuestas en Brasil; afectando las arcas de las intituciones deportivas.
Lula desestimó las críticas ,recordando los logros históricos del fútbol brasileño previos a la irrupción de este mercado.
"La selección brasileña ganó cinco Copas del Mundo antes de que existieran estas empresas. Lo inaceptable es que un equipo pretenda pagar sus deudas con el dinero desembolsado por sus propios aficionados", manifestó el mandatario, quien señaló haber adoptado la decisión tras consultar a su equipo económico, organizaciones civiles y víctimas afectadas por endeudamiento o suicidio a causa de las apuestas
La prohibición proviene del marco desarrollado de 2018 y su posterior regulación en diciembre de 2023, tras constatarse los graves perjuicios ocasionados a la economía doméstica y al sistema público de salud.
Las cifras oficiales, recogidas por la agencia estatal brasileña, reflejan el grave impacto del sector. Según Hacienda, las apuestas recortaron unos 62.500 millones de reales (unos 10.300 millones de euros) del presupuesto de los hogares en el último año. Además, uno de cada cinco alumnos de primaria y secundaria reconoce haber apostado en línea, un porcentaje que sube a casi la mitad entre los estudiantes más mayores.
A esto se suman los costes para el Estado: el Ministerio de Salud calcula un gasto anual de 38.800 millones de reales (6.400 millones de euros) en tratamientos médicos contra la adicción y la depresión, atención al suicidio, pérdidas laborales y procesos judiciales por deudas familiares.
