Tribunal ordenó liberar a miembros de grupo radical que amenazó a Cristina Fernández

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La resolución explica que "no existen riesgos procesales" que permitan mantener su privación de libertad.

En esta causa relacionada a la vicepresidenta argentina se indagan los delitos de incitación a la violencia y amenazas a políticos.

Tribunal ordenó liberar a miembros de grupo radical que amenazó a Cristina Fernández
 EFE (archivo/referencial)

Los investigados Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile habían sido detenidos el pasado 20 de octubre.

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Un tribunal argentino ordenó este martes liberar a las cuatro personas que habían sido detenidas a fines de octubre en el marco de una causa en la que se investigan delitos de incitación a la violencia y amenazas a políticos.

La Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó excarcelar a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros del grupo Revolución Federal -conocido por sus "funas" contra el gobierno y amenazas a la vicepresidenta, Cristina Fernández-, que habían sido arrestados, por decisión de un tribunal inferior, el 20 de octubre.

La resolución que ordena su liberación explica que "no existen riesgos procesales" que permitan mantener su privación de libertad, y reitera que "no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos" que permitan conectar esta investigación con la del atentado que sufrió Fernández hace dos meses.

En septiembre pasado, días después de que la también expresidenta (2007-2015) saliera ilesa de un ataque por el que hay tres arrestados, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó ante la Justicia un audio de una transmisión en Twitter previa al ataque, en el que Morel jugaba con la idea de infiltrarse entre seguidores de Fernández para hacerla pasar a la "historia".

En el mismo registro, también habló un eventual asesinato de su hijo, el diputado Máximo Kirchner, o del presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Esa denuncia de la AFI derivó en el desarrollo de una causa judicial -diferente a la que investiga el atentado-, en la que fue aceptada como querellante la vicepresidenta.

Esa denuncia pidió investigar la instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del crimen y otros atentados contra el orden público, amenaza de deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno y alentar o incitar a la persecución o el odio contra una persona o personas por sus ideas políticas.

Morel y Sosa, que se conocieron en abril pasado en una reunión de seguidores del libertario Javier Milei, cobraron popularidad en los meses previos al atentado por sus manifestaciones contra políticos -sobre todo del gobierno- y sus consignas antikirchneristas, como "Todos presos, muertos o exiliados".

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