El Gobierno de Donald Trump anunció este jueves un conjunto de nuevos aranceles -de entre 10 y 12,5 por ciento- a las importaciones procedentes de 60 economías, entre ellas la chilena, debido a sus "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".
La medida, anunciada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretende sustituir el arancel global temporal del 10 por ciento impuesto por el mandatario, que expira este viernes por la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial desatada por Washington desde abril de 2025.
El magnate republicano ordenó en febrero el arancel temporal de 10 por ciento después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales.
Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional de 10 puntos para las importaciones procedentes de 17 economías, y del 12,5 por ciento para otras (entre ellas Chile), mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.
En América Latina, México, Guatemala, Honduras y El Salvador afrontarán un arancel adicional de 10 por ciento, mientras que Costa Rica, Panamá y República Dominicana estarán sujetos a un gravamen del 12,5.
A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10 por ciento.
También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá y Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado.
China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.
La medida -que había sido adelantada en junio- deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.
Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.
La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.
Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.
Gobierno: "No es una medida dirigida específicamente contra Chile"
A través de una declaración pública, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales afirmó que "Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia".
"En ese contexto, (...) considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación", indicó.
Añadió que "la decisión se adopta en el marco de una investigación realizada conforme a la legislación interna de Estados Unidos, y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países".
Resaltó además que "esta investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, entre ellas socios comerciales relevantes como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros".
Por tal motivo, resaltó el Gobierno, debe entenderse que "esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile".
Cancillería "continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores"
La Subsecretaría enfatizó que "desde el inicio de este proceso, Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de esta investigación y presentó, en coordinación con el sector exportador, los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país, haciendo uso de todas las instancias previstas por la autoridad estadounidense".
"Es importante destacar, además, que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición". Más bien "responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense".
La nota finaliza señalando que "el Gobierno de Chile continuará resguardando los intereses del país y de sus exportadores, manteniendo el diálogo y negociaciones con las autoridades estadounidenses a través de los canales institucionales existentes y desplegando las gestiones políticas y técnicas necesarias para seguir avanzando en mejores condiciones de acceso, incluyendo la exclusión de productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida arancelaria".
