La medida, vigente desde inicios de abril, contempla patrullas y drones "para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia".
El decreto restringe y suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y de reunión.
El Gobierno de Perú prorrogó este jueves el estado de emergencia dictado para "fortalecer la lucha contra la criminalidad" en cuatro distritos de la región sureña de Tacna, fronteriza con Chile.
La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y precisó que la prorroga será por 60 días a partir del 9 de junio en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.
El Ejecutivo señaló que informes reservados de la Policía Nacional determinan que se deben seguir ejecutando operaciones "para garantizar la preservación y restablecimiento del orden interno" en la zona, así como los derechos constitucionales de la población frente a delitos como hurtos, robos, contrabando, "y otras situaciones de violencia".
Precisó que durante la emergencia se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión, y libertad y seguridad personales.
La Policía Nacional se encargará del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención "sobre la base de medidas de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos".
El Gobierno estableció este estado de emergencia el 9 de abril, cuando se informó que la frontera con Chile sería vigilada con patrullas terrestres y drones "para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia".
La medida determinó que se debía mantener en sesión permanente el comité regional y los comités provinciales de seguridad ciudadana de Tacna, y realizar patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza.
Además, se ordenó intervenir a los migrantes que intentaran cruzar por pasos no habilitados o autorizados, la realización de operativos permanentes y la implementación de un monitoreo aéreo con drones en la zona fronteriza y pasos no habilitados.
El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición, José María Balcázar, y siete de sus ministros, entre ellos los de Defensa e Interior.
