"Lo que hace el Ejecutivo es analizar cada solicitud en particular y en concreto", explicó el ministro Fernando Rabat sobre el proceso técnico.
En paralelo, en Washington, organizaciones chilenas alertaron ante la CIDH un "grave retroceso" en DD.HH. en el país.
El Gobierno confirmó este miércoles que la evaluación de los antecedentes para conceder indultos particulares a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 se encuentra en su fase final.
Ante las presiones de parlamentarios de derecha para agilizar los decretos, el Ejecutivo ratificó que las primeras resoluciones se darán a conocer en el corto plazo.
La confirmación coincide con una petición pública entregada por 60 diputados, que abarca al Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente.
A través de una misiva dirigida al Presidente José Antonio Kast, los parlamentarios solicitaron formalmente la gracia presidencial para 13 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, argumentando que actuaron en "circunstancias excepcionales" para resguardar la infraestructura crítica y el orden público durante la crisis.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el proceso ha seguido los conductos regulares fijados por la normativa vigente tras las solicitudes presentadas formalmente por las defensas de los condenados.
"Todo ciudadano tiene lo que se denomina el 'derecho de petición'. En virtud de ese derecho pueden solicitar indultos y lo que hace el Ejecutivo es analizar cada solicitud en particular y en concreto", afirmó.
En esa línea, la autoridad remarcó el carácter técnico de la revisión que lleva a cabo la cartera: "Nosotros seguimos trabajando de forma técnica. Debemos por ley actuar de manera eficaz y eficiente, y eso ha sido lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia".
Consultado sobre la fecha exacta en que se concretarán los primeros beneficios que ya tiene contemplados el Ministerio, el secretario de Estado evitó dar un día preciso, aunque enfatizó la proximidad de la decisión.
"Prontamente. Como dijo hace un tiempo atrás el Presidente de la República: pronto es pronto", concluyó.
La discusión en torno a las causas penales de octubre de 2019 ha cobrado especial fuerza tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la absolución del teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo pese a que se acreditó que fue un disparo suyo el que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.
El fallo se basó en la Ley Naín Retamal, promulgada en 2023, que da a las fuerzas policiales el beneficio de la legítima defensa privilegiada.
Ante ello, el Presidente Kast escribió en su cuenta de X que "la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa".
Organizaciones chilenas solicitaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, un "seguimiento reforzado" a la situación del país tras acusar un "grave retroceso" en Derechos Humanos y una "pérdida de garantías" en protección social desde la llegada al poder de Kast.
De acuerdo con lo informado por la agencia EFE, apuntaron a un "patrón de desmantelamiento institucional" asociado al recorte de 1.400 millones de dólares aplicado por Hacienda en todas las carteras, como parte de una meta de reducción del gasto de 6.000 millones de dólares en 18 meses.
Entre las organizaciones solicitantes figuran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Londres 38 Sitio de Memoria, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, y la Red de Observadoras en Justicia y Memoria.
"No se trata de simples ajustes por austeridad fiscal, sino de una nueva narrativa estatal permanente que despoja al Estado de sus capacidades operativas, amenazando la garantía efectiva de los derechos humanos y vulnerando las obligaciones internacionales adquiridas por Chile", señaló una de las solicitantes, según reprodujo EFE.
Este proceso, agregaron las organizaciones, se ha traducido en la eliminación o debilitamiento de unidades dedicadas a víctimas de violencia institucional, adopciones ilegales, pueblos indígenas, búsqueda de personas desaparecidas y otras políticas de memoria, verdad y reparación.
En la misma línea, las organizaciones solicitantes subrayaron que "no se discute una política fiscal legítima (...) sino si esas medidas son compatibles con el derecho internacional de los Derechos Humanos, que exige que toda medida regresiva esté justificada, sea necesaria, proporcional, temporal y compatible con el deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles".
Como parte de su política de austeridad, el Gobierno anunció el recorte de cerca de un millón de dólares a la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH), donde funciona el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para esclarecer el paradero final de víctimas de desaparición forzada.
"El Estado no sólo está debilitando instituciones: está desconociendo procesos históricos de lucha social y retirando respuestas que las víctimas debieron exigir durante décadas (...) Las políticas de derechos humanos no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Chile", acusaron.
"Las afirmaciones que sustentan la solicitud de audiencia relativas a un supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos son incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este Gobierno", indicó el representante del Estado de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Castro, consignó EFE.
Por su parte, el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos, recalcó que las políticas en la materia "mantienen plenamente vigente su estructura".
"No hay desmantelamiento, no hay desfinanciamiento ni vaciamiento, hay una administración responsable, eficiente y respetuosa del marco constitucional (...) las acusaciones carecen de asidero en la realidad", señaló.
