En total son 11 los ex uniformados sentenciados por el ministro en visita Carlos Aldana.
Los 18 campesinos fueron asesinados en octubre de 1973 y sus cuerpos exhumados en 1978 y lanzados al mar.
Las condenas en este caso llegan hasta 10 años y un día de cárcel.
El ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, condenó a 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de 18 campesinos ejecutados en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, en octubre de 1973.
Las condenas son de 10 años y un día de cárcel para los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán, por 12 homicidios calificados, mientras que por el delito de secuestro de otros seis campesinos se le sumarán cinco años y un día sin beneficios, y por inhumaciones ilegales serán 300 días más de condena.
En tanto, los militares José Iturriaga, Jaime Müller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García fueron condenados por el delito de encubrimiento de homicidio simple de 11 víctimas a tres años y un día de cárcel, además de 541 días por la exhumación ilegal concretada en 1978 para hacer desaparecer los restos de los campesinos lanzándolos al mar.
Finalmente, Julio Reyes fue condenado a tres años y un día de cárcel por encubrimiento de 11 homicidios simples y 300 días por la exhumación ilegal, mientras que el suboficial en retiro del Ejército José Puga fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban.
Penas de militares serán en libertad vigilada
Eso sí, las penas de los militares serán en libertad vigilada.
El ministro Aldana explicó que "ellos (carabineros) fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado y de inhumación ilegal".
"En cambio, los militares participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado 'Retiro de televisores' en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas. Entonces, la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices, pero sí lo hicieron como encubridores", indicó.
Esto molestó a las familias de las víctimas y la vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados, Marina Rubilar, manifestó que "no estamos tan conformes, porque considero que los años que les han dado igual son pocos con respecto a la cantidad de víctimas asesinadas".
"Ellos trataron de esconder y a ellos le dieron libertad vigilada", manifestó.
Mientras que Patricia Barra, abogada de las víctimas y familiares, anunció que en los próximos días presentarán un recurso de apelación para reconsiderar las condenas.
