La Sala del Senado aprobó este miércoles la reposición de los recursos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que incluye las transferencias a organismos colaboradores, como diversas instituciones relacionadas con preservar los derechos humanos.
Entre ellas están la fundación Museo de la Memoria, la Corporación Villa Grimaldi, Londres 38 y las fundaciones Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Patricio Aylwin, cuyo financiamiento estuvo en vilo después de que la Cámara rechazara esta partida.
Para la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, "tenemos que reafirmar nuestro compromiso como nación, como país, respecto a los derechos humanos; la importancia de la defensa de los derechos humanos como un mínimo civilizatorio, al que habíamos llegado en un acuerdo transversal que hoy se está poniendo en cuestión".
"Entonces nos pone muy contentos que se esté reafirmando ese compromiso, y esperamos que esto también siente un precedente para lo que pueda ocurrir mañana con el Instituto de Derechos Humanos", añadió la secretaria de Estado.
De todas maneras, Brodsky admitió que "en el caso de cultura esto no sólo implicaba temas de memoria o conmemoraciones, sino que también un montón de funciones que son fundamentales, y que son preocupaciones transversales del país".
La posible restitución de los recursos destinados al INDH -también descartados en la Cámara- será parte de la votación del tesoro público, que se desarrollará este jueves.
RESTITUCIÓN DE DINEROS PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO
Por otro lado, la Sala también repuso los recursos del Ministerio del Interior para el combate contra el crimen organizado.
Al respecto, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, señaló que tal financiamiento "nos permite contar con 65 mil millones de pesos, y 39 mil millones de ellos van a un programa nacional presupuestario contra el crimen organizado que fortalece a Carabineros y a la PDI, y esta es la primera vez que en un Presupuesto de la Nación hay recursos específicos para luchar contra el crimen organizado".
"Se hizo una indicación y se complementó en 200 millones, y se autorizó un uso de hasta 815 millones de pesos -que pueden ser complementados si es necesario- para poder ejecutar las expulsiones administrativas en el caso de migrantes que han ingresado de manera irregular al país", destacó.
