La ministra de Educación, Marcela Cubillos, se sumó a las condenas expresadas por el Presidente Sebastián Piñera y el titular de Interior, Andrés Chadwick, tras los incidentes registrados este jueves en el Liceo de Aplicación, en Santiago, donde cinco carabineros resultaron heridos tras ser atacados con sillas y bombas molotov.
Cubillos comunicó que el Ejecutivo aplazó para la próxima semana el envío al Congreso del proyecto de ley que busca combatir este tipo de conductas, e indicó que uno de sus ejes será la "expulsión inmediata" de los jóvenes que cometan actos violentos.
"El proyecto entrará a tramitación la próxima semana y esperamos poder contar con el apoyo unánime y transversal de los parlamentarios", dijo Cubillos en un punto de prensa.
"El proyecto de ley, lo que busca, es que se expulsa de inmediato. En el proyecto existe un periodo de cinco días de reconsideración, en que puede pedir él (el alumno) o su familia la reconsideración de la medida. Hoy este plazo es mucho más largo, pero se acorta a cinco días y, además, el plazo de reconsideración no suspende los efectos de la 'expulsión inmediata', por así decirlo", explicó la secretaria de Estado.
Cubillos indicó que, "obviamente, si después de reconsiderarse la medida (la expulsión), se estima que ha sido injusta o que el alumno no estuvo involucrado en los hechos que se le imputan, va a poder reintegrarse" al establecimiento del cual lo echaron.
"Debido proceso"
"Nosotros hemos dicho que con este proyecto buscamos armonizar tres derechos fundamentales: primero, la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa, que hoy día están en peligro; en segundo lugar, el derecho al debido proceso, que toda persona tiene a nivel constitucional; y, en tercer lugar, el derecho a la educación", señaló.
Cubillos espera "apoyo unánime y transversal" en el Congreso, y aseguró que el proyecto resguarda el debido proceso para los acusados. (Foto: ATON)
Este último punto implica que "el Ministerio tiene la responsabilidad, con este joven marginado de esa escuela, de buscarle otro establecimiento educacional al cual poder asistir, con el compromiso nuestro de un fuerte apoyo social, sicológico, o de la manera en que podamos, para que ese joven pueda abandonar el camino de violencia por el cual ha decidido seguir", sostuvo.
Actualmente el proceso de expulsión de un alumno que ha cometido hechos graves de violencia puede tardar hasta 40 días, periodo en el cual el alumno -mientras es investigado y apela- sigue asistiendo al colegio.
En opinión del Ejecutivo, "no puede ser que hoy un profesor tenga que elegir entre permanecer 30 días con el agresor dentro de su sala de clases, o abandonar él el liceo, o que apoderados se vean obligados a tener que cambiar a sus hijos de los establecimientos (por los incidentes)".
"Creemos que el que tiene que abandonar esa comunidad escolar es el estudiante que ha elegido automarginarse tomando un camino de violencia", remató la ministra.
Más temprano el ministro Chadwick hizo "un llamado al Congreso Nacional a aprobar con la mayor urgencia posible el proyecto de ley que entrega facultades y atribuciones a los directores de los colegios para poder expulsar a aquéllos que, dentro de los liceos, están haciendo estos de violencia".
Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, manifestó que estos estudiantes "utilizan nuestros colegios como excusa para sus actos, pero esto va mucho más allá de la educación pública. Tenemos que recuperar la paz en nuestros colegios y en nuestros barrios, y por eso acá hay un alcalde que no le teme a enfrentarse a estos cobardes encapuchados y decirles de frente y con la cara descubierta que a Santiago se viene a estudiar y no queremos actos de violencia, no los queremos en Santiago".
Se aplaza control de detención
Dos jóvenes, de 16 y 18 años, fueron detenidos en los incidentes de esta mañana en el Liceo de Aplicación, "con buenas evidencias acerca de su participación en el acto de violencia", comentó Chadwick.
Su control de detención y formalización se postergó para mañana viernes, debido a que la Fiscalía decidió realizar nuevas diligencias y la defensa solicitó un video de la detención, para saber si coincide con el relato que entregado por los jóvenes.
