El experto Eduardo Lara, del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, aseveró que el ente estatal "está actuando con atribuciones nunca antes vistas".
Explicó que la TGR "consideró esta deuda como una tributaria, por lo tanto, aplicó las normas que se utilizan para cobrar un impuesto".
Diversos testimonios han surgido en los últimos días de personas deudoras del Crédito con Aval del Estado que han visto sus bienes bancarios embargados por la Tesorería General de la República (TGR), al no haber regularizado sus situaciones respecto al pago del CAE.
El ente estatal comunicó en su momento que fueron distintos convenios a los que los deudores podían optar para ponerse al día con la deuda como renegociar las cuotas. Sin embargo, diferentes personas han sufrido la retención de sus fondos pese a recibir ingresos inferiores al umbral de 5.000.000 de pesos, fijado por el Gobierno originalmente.
En esa línea, el abogado Eduardo Lara, del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, señaló que "la Tesorería, inusualmente, consideró esta deuda de CAE como una deuda tributaria y, por tanto, no aplicó las normas que normalmente se utilizan para cobrar una deuda, sino que aplicó las normas que se utilizan para cobrar un impuesto".
"La Tesorería está actuando con atribuciones nunca antes vistas sobre una deuda que, legalmente y jurídicamente, no es de las más importantes tampoco que existen en el sistema financiero", sostuvo.
De esa forma, planteó que "estamos viendo un actuar bien desproporcionado de parte de la Tesorería y bien poco ético".
"(El embargo es) desproporcionado, está mal dirigido, porque nos encontramos muchas veces con embargos de personas que ganan un millón de pesos, personas que están cesantes y personas que no tienen nada que ver con el filtro de los 5.000.000 de pesos que se anunciaron", afirmó.
Desde el espectro político, la situación ha generado críticas transversales a la modalidad que está utilizando la TGR para embargar los bienes de los deudores.
El diputado Juan Santana (PS) señaló que "sin lugar a dudas, esta es una medida extrema e injustificada. Nosotros hemos recibido denuncias de familias que quedaron sin recursos e incluso de padres que no podrán pagar sus pensiones de alimentos, y de parte de deudores que no reciben sueldos millonarios como se dijo desde un principio".
"Entendemos que las deudas deben pagarse, pero otra cosa muy distinta son las medidas de apremio que hoy impulsa la Tesorería. Por un subterfugio legal hoy se están cobrando bajo un procedimiento ejecutivo que no está pensado para estas deudas", afirmó.
Por su parte, la diputada Paula Olmos (PDG) apuntó que "no puede ser que personas que estudiaron para intentar tener un mejor futuro hoy despierten con sus cuentas retenidas o prácticamente en cero por acciones de cobranza del Estado".
"El Gobierno no puede actuar sin criterio ni humanidad. Una cosa es buscar mecanismos de pago y otra muy distinta es ahogar económicamente a quienes muchas veces ya están sobreviviendo con lo justo", sostuvo.
Al ser conusltada por Cooperativa, la TGR señaló que entregarán un comunicado sobre la situación este lunes.
