Ignacio Sánchez criticó la incertidumbre en torno al financiamiento que propone el Gobierno.
"Aquí hubo un tema ideológico de suspender rápidamente la palabra 'beca' y cambiarla por gratuidad", afirmó.
"¿Cómo puede ser que tengamos ese grado de incertidumbre?", cuestionó.
El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, criticó la "incertidumbre" que aún existe en torno a la gratuidad y aseguró que "en estas condiciones no es posible acceder a esta propuesta".
"Llama la atención que de los 500 millones de dólares iniciales, lo efectivo de nuevos recursos es de 252 millones. Creo que hay un problema serio. Va a haber un número de estudiantes que pensando en que iban a ser beneficiados, no van a poder serlo en forma completa. Eso va a ser una complicación, ¿Cuándo esa familia va a saber?", indicó en entrevista con El Mercurio.
En ese sentido, añadió que "¿Cómo puede ser que tengamos ese grado de incertidumbre? Si para los rectores y sus presupuestos es muy significativa la falta de certeza, lo es mucho más para las familias que pueden estar dentro o fuera del beneficio. Es una situación muya dramática".
El también médico cirujano y pediatra explicó que "un problema para las instituciones es que se sigue insistiendo en un aporte de arancel regulado, más un 20 por ciento más de brecha (...) la brecha para muchas instituciones es de más de 20 por ciento. Por lo tanto, si hay un tope, ese financiamiento va a tener que ser asumido por las instituciones".
"Esta es una propuesta que se basa, por un lado, en aportes del Estado, y en otro, significativamente, en pedirles a las instituciones que asuman parte del presupuesto de gratuidad. Y la única forma que tienen de hacerlo es bajando la calidad académica de lo que están entregando", enfatizó.
"Aquí hubo un tema ideológico de suspender rápidamente la palabra 'beca' y cambiarla por gratuidad. El problema es que aquí se ha privilegiado avanzar en el financiamiento sin tener claridad de los primeros pisos", subrayó.
Limitación de gratuidad a duración de carrera
En cuanto a la restricción de gratuidad sólo al financiamiento formal de la carrera, Sánchez declaró que "en nuestra universidad, sólo el 37 por ciento de los alumnos termina la carrera sin atrasarse. Si el estudiante se atrasa en el tercero, cuatro o quinto año, ¿habrá que decirle que la gratuidad se acabó? (...) El Estado les transfiere a las instituciones el problema futuro".
"Este anuncio no cumple con el compromiso de respetar los presupuestos actuales de las universidades. En estas condiciones no es posible acceder a esta propuesta de gratuidad", puntualizó.
Consultado por una eventual pérdida de autonomía de las universidades al estar ligadas al Estado por la gratuidad, detalló que "lo que yo esperaría es una definición muy clara del Gobierno de decir que la diversidad de proyectos educativos y de misiones de las instituciones se mantendrá y potenciará. Y eso no lo hemos escuchado".
"La gratuidad no puede ser un sistema para controlar la autonomía universitaria en el país", recalcó.
Financiamiento en glosa de Presupuesto
En el anuncio de la Mandataria el miércoles recién pasado, el financiamiento fue incluído en una de las glosas del Presupuesto. Sobre esto, Sánchez fue crítico puesto que advirtiró que "me parece que este cambio que se ha hecho a partir de la Ley de Presupuestos no sólo es riesgoso desde el punto de vista legal".
Esto, "porque puede haber problemas serios en cuanto a discriminar entre un estudiante y otro, sino que, creó, nuestro país no debe volver caer en el tema de legislar a través de glosas presupuestarias. En el pasado se hizo y las experiencias son bastantes negativas".
"El 30 de noviembre se aprueba el Presupuesto y a partir de ahí las instituciones tendrán unos pocos días de diciembre para ver si se suman o no. Las universidades no pueden trabajar sus presupuestos en diciembre, ya que estos comienzan a desarrollarse desde octubre", agregó.
Por último, consultado por la advertencia del Gobierno de que no accederían a la gratuidad instituciones que lucren, el recto sostuvo que "me parece que eso está fuera de lo que la ley debiera permitir".
"Que se haga una discriminación en familiar y estudiantes que han optado por instituciones que están trabajando según la legislación actual y que pueden tener grados de acreditación y calidad incluso mayores que otras que no tengas fines de lucro, en el caso de los CFT e IP", afirmó.
En este escenario, fustigó al Consejo de Rectores señalando que "tenemos que dejar de lado si este Gobierno está más cerca o más lejos de las ideas muy legítimas que cada uno puede tener. En esa confusión que ha habido durante el año, el Consejo de Rectores debiera haber sido mucho más crítico de que no es aceptable estar esperando y seguir esperando clarificaciones".
