Un plazo de 90 días para aplicar las primeras medidas relativas a la reforma a Carabineros planteó el Gobierno este viernes, al presentar ante la comisión que pretende modernizar la policía la Unidad Coordinadora, que estará compuesta por expertos de la sociedad civil, según el ministro del Interior.
En la reunión de esta jornada, una de las más masivas celebradas en el Palacio de La Moneda en contexto de pandemia, se adelantó que se nombrará a un secretario ejecutivo de la Unidad, que también integrarán ex autoridades relacionas a Carabineros y el director de Paz Ciudadana.
Los 90 días fueron acordados para recopilar los distintos diagnósticos y proyectos de ley vinculados, y luego dar pie a las primeras modificaciones; mientras que se propuso un límite de nueve meses para implementar las medidas de mediano y largo plazo.
El Presidente Sebastián Piñera destacó al término de la reunión que uno de los objetivos principales de la reforma es "fortalecer la cultura y las prácticas para proteger los derechos humanos de todas las personas, porque el resguardo del orden público y la seguridad ciudadana no es incompatible, es complementario con el respeto irrestricto a los derechos humanos".
Otro de los focos de la eventual modernización es "mejorar la transparencia y la probidad con la que se utilizan los recursos públicos", según el Mandatario.
En ese sentido, Piñera insistió en que que "llegó el momento de tomarnos en serio y ser consecuentes con lo que la gente nos está pidiendo", reiterando su llamado al Congreso de que "es absolutamente necesario y urgente sacar adelante leyes que son necesarias para poder cumplir con este objetivo de proteger el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, como la Ley de Reforma a los Carabineros, que lleva demasiado tiempo en el Congreso".
Además del presidente de la Corte Suprema, el contralor y el fiscal nacional, participaron en la reunión los presidentes de las comisiones de Seguridad del Congreso.
Miguel Ángel Calisto (DC), quien preside la instancia de la Cámara, lamentó los "hechos que demuestran que nuestros carabineros están en una situación compleja, agobiados muchos de ellos, con un nivel de cansancio, de estrés y que además, la misma institución no se ha preocupado de ellos".
"Pero por otra parte, hemos visto acciones por parte de policías que atentan contra derechos fundamentales, y por eso nosotros hemos dicho la necesidad de que el Gobierno evalúe la permanencia del general (director Mario) Rozas a cargo de Carabineros", remarcó, sumándose al llamado que la oposición mantiene desde el incidente en el puente Pío Nono.
Defensoría e INDH piden "más ejecutividad"
Entre los invitados especiales a la comisión estuvo la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien pidió que "se proceda a la ejecución con sentido de urgencia de aquellas modificaciones que impliquen particularmente que los derechos humanos sean respetados de manera irrestricta por cualquier funcionario policial que se encuentre en el país".
También asistió el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, quien comentó que "una crisis integral supone una reforma integral de Carabineros".
"Hemos insistido que los cambios van en la línea de la doctrina; la estructura orgánica; la cultura interna; formación continua y permanente; que todas las decisiones en materia de selección y ascenso sean tomadas con una perspectiva de derechos humanos. Hemos planteado también, y en general eso fue consenso, que se requiere más ejecutividad", detalló.
Por su parte, el contralor Jorge Bermudez, puso en la mesa la posibilidad de transparentar el uso de recursos en la institución.
"Yo entregué, en primer lugar, todas las auditorias que en el último tiempo hemos hecho respecto a la institución, que no son pocas. Hace presenta las debilidades institucionales que existen apropósito del manejo de los recursos, las cuales espero que se superen prontamente, porque o sino, vamos a repetir hechos de triste recuerdo en la institución, hablando del punto de vista financiero", señaló.
