Suprema respaldó no ampliar procesamiento por fraude contra general Cheyre

La Corte Suprema confirmó esta semana la resolución de la Corte Marcial del Ejército (tribunal militar) y revocó el procesamiento judicial dictado en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre (2002-2006), uno de los principales protagonistas del llamado "Milicogate", que apunta a un millonario fraude en la institución castrense.

La jueza Romy Rutherford, conocida por su trabajo como ministra en visita del tribunal militar en esta causa, imputó al exmilitar la malversación de 128 millones de pesos por el mal uso de gastos reservados, pero después, en septiembre de 2023, amplió el procesamiento judicial por el desfalco de 5.000 millones de pesos.

Sin embargo, la Corte Marcial en abril pasado revocó la decisión de la magistrada "por no reunirse de los antecedentes hasta ahora allegados al proceso, los requisitos que exige el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal", según se lee en la resolución.

LA APELACIÓN DEL CDE

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), que también es interviniente en la causa, cuestionó la decisión de la justicia militar y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

"Lo decidido por los recurridos constituye una grave infracción legal y una falta y abuso grave que lesiona seriamente el cumplimiento de los cometidos institucionales del Servicio que represento, por lo que solicito a vuestra excelentísima Corte adoptar las medidas conducentes a remediar y corregir dichas faltas y abusos dejando sin efecto la sentencia y dictando otra en su lugar, que confirme la resolución de primera instancia en todas sus partes", sostuvo el CDE en el escrito, según consignó La Tercera PM.

En el documento, se expuso una serie de argumentos por los cuales el máximo tribunal debía acoger el requerimiento y se argumentó que el fallo de la Corte Marcial "es una sentencia interlocutoria que hace imposible la continuación del juicio respecto del Sr. Cheyre en lo relativo a los hechos que se consignaban en el auto de procesamiento infundadamente revocado".

Asimismo, también argumentaba que existía una falta o abuso grave, ya que carece de fundamento y presenta un erróneo procesamiento de los antecedentes.

Finalmente, este miércoles la Corte Suprema desestimó la argumentación del Consejo que sostenía que hacía imposible la continuidad del juicio en contra de Cheyre.

Según consignó el medio antes citado, máximo tribunal resolvió que el recurso de queda "procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario".

Finalmente, indicó que la resolución de la justicia militar "no pone término al juicio ni hace imposible su continuación razón que lleva que el libelo intentado sea declarado inadmisible".

EL "MILICOGATE"

Cheyre había pedido a la Corte Marcial revocar el procesamiento en su contra dictado por Rutherford, quien entregó su resolución a los pocos días de abandonar el caso, en septiembre pasado.

En su investigación, la jueza procesó a los últimos cinco comandantes en jefe de la institución: Cheyre, Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022).

"Al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos –facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros– no puede desconocerse el concierto que se ha referido", señala uno de los informes enviados por la jueza Rutherford a la Corte Marcial, en noviembre de 2022.

El "Milicogate" apunta a un supuesto desfalco del erario nacional que hasta ahora supera los 9 millones de dólares.

No es la primera vez que se producen en democracia investigaciones por delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito en la cúpula del Ejército chileno, una práctica que según los historiadores estaba muy arraigada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).