El ministro de Justicia afirmó que cuenta con el apoyo del Presidente y de su sector frente al libelo por los beneficios otorgados a abusadores y violadores de menores de 14 años.
"No me cabe ninguna duda que vamos a tener un respaldo", sostuvo, y llamó a los parlamentarios a concentrarse en las víctimas y acelerar los cambios legales.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que tiene el respaldo de su sector de cara a la acusación constitucional en su contra por la decisión de aprobar rebajas de condena a abusadores y violadores de menores de 14 años.
Tras haberse reunido con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y la nueva subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, Rabat dijo que "siento respaldo del sector, respaldo del señor Presidente de la República, pero yo creo que lo relevante hoy día es enfocarnos en la solución a los problemas, y es por eso que nosotros vamos a seguir tramitando con discusión inmediata los proyectos de ley, tanto del Ejecutivo como de parlamentarios, que buscan que nunca más tengamos situaciones como las que se han revelado a raíz de una legislación que data de hace más de 20 años".
"Llamo a los parlamentarios de distintos sectores a que nos concentremos en la víctima. Vamos a ayudar, vamos a colaborar con la víctima, para tener una mirada general de un tema que es de Estado", añadió.
Al ser consultado sobre si este respaldo se verá ratificado en la votación de una posible acusación constitucional en su contra, el ministro replicó que "no me cabe ninguna duda que vamos a tener un respaldo, para trabajar precisamente en defensa de las víctimas".
En paralelo, representantes de todos los partidos de oposición acudieron a la oficina de partes de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Kast, la cual solicita -entre otras cosas- que se transparenten los decretos que permitieron la salida administrativa de 56 criminales desde la cárcel.
Asimismo, la misiva reitera que el titular de Justicia debe salir del Gobierno, y advierte que producto del escándalo, "ya no consideramos al ministro Fernando Rabat como un interlocutor válido para tramitaciones legislativas, como la Ley de Presupuestos o distintos proyectos que se verán en materia" de beneficios penitenciarios, aseveró el diputado y timonel PPD, Raúl Soto.
En cuanto a la falta de información sobre los cuestionados decretos, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, anticipó que "vamos a recurrir a cada una de las instancias necesarias para que esa transparencia se lleve a cabo".
"No recibimos los decretos durante la sesión especial de la semana pasada, pero vamos a insistir con este tema, porque es fundamental no solo por nosotros como parlamentarios, sino que por las víctimas y las familias. Es realmente injustificable que hasta la fecha, no sepamos (el contenido de) los decretos", remató.
Aludiendo a la intención del Gobierno por revertir las rebajas de condenas, la carta opositora también solicita una propuesta clara para llevarlo a cabo, así como una revisión de la legalidad de cada uno de los documentos que las autorizaron.
Por último, piden implementar un plan de atención para las víctimas de los sujetos beneficiados, que incluya una adecuada identificación de cada una de ellas; una evaluación de riesgo individual; atención psicológica, social y jurídica, y un canal permanente de contacto para los afectados y sus familias.
En caso de acoger tal medida, el bloque espera que el Ejecutivo difunda reportes periódicos al Congreso sobre su cobertura y eventuales resultados.
