La jornada de este martes se desarrolla la segunda audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León por delitos de corrupción, donde la Justicia ya comenzó a dictar las primeras medidas cautelares.
De acuerdo con la Fiscalía, el exparlamentario habría rendido facturas ideológicamente falsas ante la Cámara de Diputadas y Diputados y el Servel, por un monto que supera los 170 millones de pesos. Por ello, le imputa los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
Junto a Lavín son imputados también su exasesor Arnaldo Domínguez y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva, a quien el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le asignó arresto domiciliario nocturno.
Para Lavín Jr. y Domínguez, en tanto, el Ministerio Público -en conjunto con la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos, que figuran como querellantes- pidió prisión preventiva.
La diferenciación en las medidas cautelares de Silva obedece a un acuerdo previo con el Ministerio Público, que valoró su rol colaborativo en la investigación. Según se detalló, el imputado declaró en cuatro ocasiones, admitiendo los hechos por los que se le formalizó y proporcionando información que ha sido fundamental para el esclarecimiento de los sucesos.
Detalles del presunto actuar delictual
En tanto, respecto a los detalles sobre el supuesto esquema que involucra a Lavín, se indicó que la evidencia sugiere que, entre 2015 y 2022, el exdiputado presentó facturas con información falsa como gastos parlamentarios.
Desde la Fiscalía también se explicó que, a través de las imprentas MMG y Total Print, ambas relacionadas con Juan Silva, se habrían emitido facturas irregulares al entonces diputado.
El propósito de este "bolsón", según el Ministerio Público, era saldar deudas antiguas que correspondían a gastos personales de Lavín y a campañas políticas, no solo suyas, sino también de otros postulantes de la UDI.
Un punto crucial para la acusación es la inexistencia de registros de conversaciones sobre la ejecución de servicios reales entre los implicados.
