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Defensoría Penal Pública implementó plan con presencia en comisarías de cinco regiones

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Autor: Cooperativa.cl

El programa, impulsado como consecuencia del estallido social, lleva un mes de prueba, período durante el cual han sido entrevistadas más de 750 personas en cuarteles.

La iniciativa "contribuye a dar mayor protección a los detenidos en unidades policiales, desde el primer momento de su detención", destacó el defensor nacional, Marco Montero.

Defensoría Penal Pública implementó plan con presencia en comisarías de cinco regiones
 Defensoría Penal Pública

Se estima que la fase piloto del programa se extienda por seis meses.

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Con una actividad simultánea que reunió virtualmente a la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago con los cuarteles policiales de Antofagasta, San Fernando, Curicó, Talca y Valdivia, este miércoles se inauguró oficialmente el Programa de Defensa en Cuarteles Policiales de la Defensoría Penal Pública.

La iniciativa surgió tras los graves hechos que afectaron al país entre octubre y noviembre de 2019, en el contexto del estallido social, y que puso de relieve la importancia de contar con una defensa penal pública en las primeras horas tras la detención de una persona.

Gracias al diagnóstico realizado por el Programa EURO sociAL+ de la Unión Europea y el trabajo conjunto realizado por la Defensoría y Carabineros, desde el 1 de julio de 2021 cerca de 750 personas han sido entrevistadas por defensores en comisarías de cuatro regiones del país: Antofagasta, O'Higgins, Maule y Los Ríos; y el 1 de agosto pasado se sumaron las comunas de Santiago, San Joaquín, La Florida y San Bernardo de la Región Metropolitana.

Esto en el marco del plan piloto del programa, fase que se proyecta se extienda por seis meses.

Al inaugurar el programa, el defensor nacional (s), Marco Montero, resaltó que esta iniciativa "contribuye a dar mayor protección a las personas detenidas en unidades policiales, desde el primer momento de su detención y, al mismo tiempo, contribuye a dar mayor transparencia y legitimidad a las actuaciones policiales".

Asimismo, calificó de "positiva y muy coordinada" la labor conjunta con Carabineros, "en términos de que hemos logrado instalar un nuevo modelo, si bien a modo exploratorio, con cifras que dan cuenta de lo necesario que resulta abordar una brecha estructural del sistema de justicia con la presencia de nuestros defensores en la unidad policial".

EXIGENCIAS DEL DERECHO INTERNACIONAL TRAS ESTALLIDO SOCIAL

En un comunicado, la Defensoría recuerda que tras el estallido social varios organismos internacionales de derechos humanos visitaron el país y se reunieron con autoridades del Gobierno y del Poder Judicial, para luego elaborar y escribir informes con su visión de los hechos ocurridos en Chile.

Es así como el texto de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. que viajó a nuestro país sostuvo que el "derecho de acceder a una abogado no puede estar sujeto a suspensión", observando que en algunas regiones del país el defensor no estuvo presente en los primeros momentos de la detención en las unidades policiales, lo que a juicio de la oficina "podría constituir una violación al derecho de las personas privadas de libertad a tener acceso inmediato a asesoría legal y a tener el tiempo adecuado para preparar su defensa".

A ello se sumó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco, en la que relevó la necesidad de fortalecer a la Defensoría Penal Pública, "dotándola de plena autonomía y ampliando su capacidad para entablar contacto con personas detenidas en las primeras horas de privación de libertad".

Tras la visita de los organismos internacionales, la Defensoría puso en marcha un proyecto para dar cumplimiento a las obligaciones internacionalmente adquiridas y que son consistentes con la Constitución y el Código Procesal Penal, y luego de un trabajo colaborativo con EUROsociAL+ -durante 2020- se presentó un modelo de defensa pública en las primeras horas de detención.

Este modelo sentó las bases para la implementación de los proyectos piloto de defensa en unidades policiales, y la futura implementación nacional de este modelo, que permita garantizar una defensa oportuna, en concordancia con los estándares del debido proceso legal.

A comienzos de 2021, la Defensoría Penal Pública y Carabineros suscribieron un convenio de cooperación que ha permitido la realización de esta iniciativa y facilitado la labor de ambas instituciones en este tema.

LA ASESORÍA JURÍDICA

En cada una las regiones donde está operando el piloto hubo coordinaciones previas entre las Defensorías Regionales y las unidades policiales, a objeto de preparar la implementación de la defensa en comisarías. Esa coordinación se ha mantenido y ha sido clave para una respuesta oportuna de la defensa en el derecho que le asiste a cada persona de contar con un abogado desde los primeros momentos de su detención. Asimismo, este trabajo ha ido acompañado de capacitaciones a funcionarios policiales por parte de la Defensoría, en relación con el tratamiento de las personas detenidas.

La defensa en unidades policiales consiste, entre otras gestiones, en la visita del defensor al recinto, en un horario flexible según la organización regional, a objeto de entrevistar a las personas detenidas que allí se encuentren.

Esta actividad toma lugar en la propia unidad policial, de manera presencial, permitiéndole al defensor prestar la asesoría jurídica que, en ese contexto, puede llevar adelante y promoviendo actuaciones en beneficio de los derechos de las personas detenidas.

Esta acción, que se realiza independiente de si la persona es más tarde puesta a disposición de un juez de Garantía, constituye una salvaguarda para la protección de los derechos de las personas detenidas y facilita la comunicación con sus familiares y cercanos al entregar información oportuna y precisa.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, coordinador de este programa, informó que cerca de 750 personas han sido entrevistas por defensores mientras se encontraban detenidas en recintos policiales, ya fuera personalmente o de manera virtual.

Al desglosarlo por ciudades, Antofagasta lidera con un total de 425 entrevistas realizadas; seguidas por Curicó y Talca con 144; las comunas de la capital suman 94 contactos con detenidos en los primeros 15 días de funcionamiento; San Fernando le sigue con 58 entrevistas y Valdivia con 22.

Pascual precisó que las diferencias en la cantidad de entrevistas entre regiones se deben a varios factores. "En primer lugar, al volumen de detenidos que cada localidad presenta. En segundo lugar, por el tipo de organización regional, algunos defensores concurren en un horario donde hay menos personas detenidas que en otros, y luego en algunas regiones los defensores acuden todos los días de la semana, mientras que otras solo lo hacen en días hábiles"

"Con todo, cada uno de estos pilotos permitirá levantar información valiosa para la adopción de un sistema que permita organizar la defensa en sede policial de manera sostenible a futuro, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona, como de los recursos humanos disponibles por parte de la institución", recalcó.

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