Daniel Andrade, ahora exrepresentante de la fundación Democracia Viva, indicó que fue el renunciado seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien lo contactó para establecer los convenios presuntamente irregulares entre esa repartición y su ONG.
En su primera aparición pública desde que se destapara esta situación, la que hizo estallar el caso Convenios, el exmilitante de Revolución Democrática (RD) dijo a "Contigo en la Mañana" de CHV que, ante la propuesta de la exautoridad, admitió que "no tenemos una experiencia necesariamente en la construcción de infraestructura: nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a mediación".
"(Contreras) me dice que no hay un problema derechamente, porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras, y lo que uno tiene que hacer es fiscalizar que hagan el trabajo que la comunidad está llevando adelante. En ese contexto, también siento que yo no debí acceder a eso, porque no teníamos necesariamente la expertise en la parte de construcción, pero bueno, se me dijo que así era como funcionaba, que eso estaba en regla", aseguró.
Tras sostener que durante este periodo ha sufrido crisis de pánico, admitió que el traspaso de recursos "ha sido un error gigante (...) me trataron como el líder de una banda criminal. Yo no habría firmado esos convenios, fui imprudente en ese momento, y no medí los riesgos políticos".
Por tanto, Andrade dijo arrepentirse, "más que por todo este lío y el daño que se ha provocado, porque actué con exceso de confianza y seguridad, y fue imprudente la firma de ese convenio".
Asimismo, planteó que su expareja, la diputada y suspendida militante de RD Catalina Pérez, "no influyó en la conversación que yo tuve con Carlos Contreras, ni con nadie".
"NO ME ROBÉ LA PLATA"
No obstante que insistiera que "me hago responsable de esto y estoy acá para dar cara y decir que creo que fue un error", señaló que busca "poner algunos límites porque esto está dentro del marco legal, porque también se ha dicho que yo me robé esta plata, que me la fumé, y eso no ha sido así".
"Nos interesa que esto se esclarezca (...) si el Gobierno cree que hay corrupción, sería bueno que ingresara alguna normativa, algún proyecto de ley que lo justifique, porque si no, todos los organismos privados, tanto fundaciones o empresas que se relacionan con el Estado pueden ser indicadas como corruptas cuando se han apegado a la ley", sugirió.
En la misma línea, cuestionó que el Minvu exija la devolución de los más de 391 millones de pesos traspasados a Democracia Viva, puntualizando que el 29 de junio "solicitamos el fin de convenio, ellos se demoraron dos semanas en respondernos. Después de eso, ellos hacen una liquidación, y nosotros no estamos de acuerdo con esa liquidación. Creemos que es política, no técnica".
LOS CUESTIONAMIENTOS DESDE EL FRENTE AMPLIO
La situación de Andrade fue comentada por el presidente de Convergencia Social (CS), el diputado Diego Ibáñez, quien afirmó que el líder de Democracia Viva "no representa en absoluto a la Mesa Nacional del Frente Amplio".
"Él ha sido expulsado, están todos los antecedentes puestos en el Ministerio Público, en el Consejo de Defensa del Estado. No se va a esconder ninguna basura debajo de la alfombra, se va a levantar todo y es lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha hecho el ministro (Luis) Cordero", puntualizó el parlamentario.
En tanto, el tribunal de Revolución Democrática (RD), el senador Juan Ignacio Latorre, afirmó que este "es un caso que nos avergüenza y nos indigna porque arrastra a todo un proyecto político en una crisis de confianza con la ciudadanía".
Latorre dio cuenta también que él hizo un mea culpa por "cosas que uno puede haber hecho mejor o de vocerías que pueden haber sido erráticas, como por ejemplo haber aparecido en un punto de prensa con la diputada (Catalina Pérez) ese día, muy cerca del caso".
