"Este es un paso importante", dijo Ángel Valencia, que abogaba por su implementación.
La nueva unidad estará a cargo de un persecutor jefe de exclusiva confianza del fiscal nacional.
Se trata de la modificación al Ministerio Público más profunda desde su creación, destacó el Ejecutivo.
El Gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y su par de Justicia, Luis Cordero, promulgó este jueves la reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial.
Se trata de una nueva unidad especializada en crimen organizado y delitos de alta complejidad, al interior del Ministerio Público.
La instancia desempeñará sus funciones respecto a ilícitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales, y cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación.
La iniciativa forma parte del "fast track" de 31 proyectos de seguridad pública priorizados por acuerdo del Gobierno de Gabriel Boric y del Parlamento: era impulsada por el fiscal nacional, Ángel Valencia; también estaba incluida de la propuesta de nueva Constitución rechazada en el plebiscito del 17 de diciembre, y se despachó del Congreso el 21 de diciembre a través de proyectos presentados por el Ministerio de Justicia y por senadores de Renovación Nacional que fueron fundidos.
Se trata de la modificación a la organización interna del Ministerio Público más profunda desde su creación (1997), destacó el Ejecutivo.
✅La Fiscalía Supraterritorial se especializará en abordar el crimen organizado y delitos de alta complejidad dentro del Ministerio Público.
— Ministerio del Interior Chile (@min_interior) January 25, 2024
Conoce más sobre el nuevo organismo que reforzará la lucha de la criminalidad con un enfoque supraterritorial y transnacional ⬇️ pic.twitter.com/erg09dZ2Zu
En la ceremonia de promulgación, celebrada en La Moneda, el fiscal nacional destacó que "actualmente, el diseño organizacional del Ministerio Público, marcado por rígidas divisiones territoriales, enfrenta importantes dificultades para perseguir adecuadamente aquellos delitos de carácter transnacional o transregional, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado y los delitos de alta complejidad".
"La naturaleza de algunos fenómenos criminales ha evolucionado en los últimos años. Creemos que este es un paso importante, en la medida que entiende que es el Ministerio Público, y en especial el fiscal nacional, quien debe estar imbuido de la persecución penal de las organizaciones criminales", agregó Valencia.
Para el ministro Cordero, esta reforma "es la transformación más relevante, no sólo porque pasa a tener una unidad específica para persecución de organizaciones y bandas criminales, sino que además de eso, dota al fiscal nacional de la capacidad para nombrar a un fiscal supraterritorial, que será de su exclusiva confianza", y también podrá "dictar instrucciones particulares en la investigación de estos delitos, facultad que hoy no tiene".
"En tercer lugar -una reforma que en opinión del Gobierno es muy relevante-, el incumplimiento reiterado y grave de las instrucciones generales del fiscal nacional, que fijan la política de persecución criminal, sea una causal de remoción de fiscales regionales", destacó el secretario de Estado.
Hoy celebramos la promulgación de la reforma constitucional que da vida a la #FiscalíaSupraterritorial. 👉Lo que permitirá enfocarnos en combatir el crimen organizado y los delitos de alta complejidad con una perspectiva supraterritorial y transnacional. pic.twitter.com/11Byo1VjCg
— Fiscalía Nacional (@FiscaliadeChile) January 25, 2024
La Fiscalía Supraterritorial estará a cargo de un fiscal jefe, quien ejercerá las funciones propias del Ministerio Público.
Corresponderá al fiscal nacional resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las Fiscalías Regionales y la Fiscalía Supraterritorial.
La reforma señala que el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá dar cumplimiento a las instrucciones particulares que imparta el fiscal nacional en las investigaciones de delitos de crimen organizado o de alta complejidad que estén a su cargo.
En tal sentido, el texto determina que el referido fiscal jefe será designado por el fiscal nacional, será de su exclusiva confianza y se mantendrá en su cargo mientras cuente con ella.
Además, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial deberá tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 35 años de edad y poseer las calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio.
Asimismo, el personero deberá cumplir con las condiciones de conocimiento y experiencia en litigación en asuntos penales, que serán determinados de acuerdo a la mencionada ley orgánica.
Las disposiciones de la presente reforma constitucional entrarán en vigencia conjuntamente con la entrada en vigencia de las modificaciones que en virtud de la presente reforma constitucional deban efectuarse a la ley orgánica constitucional (LOC).
El denominado "fast track" legislativo ha recibido críticas no sólo del mundo político, sino que también desde la academia.
En particular, el centro de estudios Justicia y Sociedad, de la Universidad Católica, afirmó que la gran mayoría de la agenda no aporta estrategias innovadoras. Además, criticó que los proyectos tienden a enfatizar el control del delito por sobre la prevención.
Así enfrentó estas críticas el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: "No voy a discutir con los académicos. Siempre vamos a coincidir. Soy médico y creo que hay una discusión bastante parecida en el tema de salud. Todos sabemos que en salud lo ideal es que las personas no se enfermen y, por lo tanto, a todos nos gustaría que todas las herramientas de prevención evitaran que las personas se enfermaran, pero también se construyen hospitales y se forman especialistas para poder resolver los problemas de las personas que se enferman. Lo concreto es que hoy día hay una enfermedad presente en la sociedad".
"Las medidas preventivas que el Gobierno tiene que tomar, de hecho, es uno de los ejes principales de la estrategia del Gobierno en materia de seguridad, pero también es cierto que la gente requiere seguridad hoy día; no mañana", añadió.
El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), relevó que entre las iniciativas que ya han sido despachadas, "un tercio de estos proyectos fue votado contra lo que votaron muchos parlamentarios oficialistas, particularmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, a pesar de que eran agenda de Gobierno".
Consultado sobre la propuesta de infraestructura crítica que el Ejecutivo espera que permita que amplíe los sitios de despliegue militar, añadió que "quien tiene la iniciativa en materia legislativa es el Gobierno: ellos pueden poner urgencias y poner recursos. Si se las rechazan podrá reclamar".
Si bien el año pasado se despachó la Ley de Protección a la Infraestructura Crítica, se hizo solamente enfocado en las fronteras. Lo que debe definir el Congreso ahora es a qué se va a denominar infraestructura crítica.
