La titular de la Corte de Apelaciones de Santiago afirmó que el Poder Judicial pone su mirada en el trabajo del Ministerio Público, que es quien toma la iniciativa dentro del nuevo proceso penal.
La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, no recogió los cuestionamientos de autoridades civiles sobre el accionar de los tribunales respecto de los detenidos por desórdenes en las últimas jornadas, en los incidentes con motivo del 33º aniversario del golpe de Estado de 1973.
Las críticas se incrementaron, entre otros de boca del intendente Víctor Barrueto, luego que el Tercer Juzgado de Garantía determinara que Rodrigo Camargo Igor, quien fue sorprendido con una bomba molotov, no quedara en prisión preventiva.
La ministra Pérez sostuvo que "la mirada de los tribunales está fija en que los fiscales serán los que tendrán que recurrir por la corte".
La magistrado indicó que "la corte puede, si la Fiscalía apela, revocar y modificar la medida cautelar, y si no tiene arraigo social puede dejarlo sometido a prisión".
Consultada si a los encargados de aplicar justicia les molestan los comentarios respecto de la supuesta "mano blanda" con la que operan, Pérez aseguró que el hecho ya no produce molestia y se entiende como un desconocimiento de la ciudadanía de la manera como funcional el sistema.
"Con los años que llevamos en esto dificulto que nos moleste ya algo, porque la gente no quieren entender cuáles son los roles que actualmente se desempeñan en la administración de justicia, que no sólo es resorte del Poder Judicial", indicó Pérez.
"La iniciativa es del Ministerio Público y también de quien quiera hacer uso de sus facultades para aplicar la ley de Seguridad Interior del Estado, ellos pueden querellarse", finalizó, en referencia implícita el Ejecutivo.
Según fuentes judiciales, entre el miércoles y el jueves de esta semana es posible que se revise la decisión que otorgó la libertad a Camargo Igor, quien fue el primer mayor de edad descubierto portando una bomba incendiaria y quien arriesga las penas endurecidas que contempla la ley de Control de Armas, de hasta 10 años de cárcel.
Las modificaciones a la ley, aprobadas en 2005, debutaron para los disturbios por el 32º aniversario del golpe de Estado y el primer detenido fue un menor de 16 años. (Cooperativa.cl)
