El fiscal regional oriente, Manuel Guerra, valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de anular el juicio que absolvió a los dos imputados por la quema del Metro Pedrero, y aseguró que "hay una serie de pruebas que sirven para determinar su participación" en el incendio una vez que vuelvan a enfrentar a la Justicia.
De hecho, el abogado indicó en El Diario de Cooperativa que Daniel Morales (35) y B.S. (16), tío y sobrino acusados, "aparecen claramente" en las imágenes del Metro cometiendo el siniestro, y además, recordó que tras ser identificados se incautaron desde sus domicilios "teléfonos celulares donde hay diálogos de Whatsapp, conversaciones telefónicas e imágenes rescatadas".
"Hay también publicaciones que se hicieron en redes sociales en un grupo al cual ellos pertenecían, que se hace llamar 'Garra Blanca Antifascista'; están las ropas que se incautaron del domicilio del menor de edad, que son absolutamente coincidentes con las que él portaba el día de los hechos", detalló.
En ese sentido, el persecutor aseguró que la absolución fue "sorpresiva" en especial porque la legalidad de las pruebas se discutió largamente antes de la sentencia: "durante la investigación, durante dicha etapa en sede de la Corte de Apelaciones, cuando ellos apelaban a las resoluciones que los mantenían privados de libertad, y en la audiencia de preparación del juicio oral, en la cual se atendió la presentación de las pruebas, descartando ilegalidad en la obtención de las mismas".
Finalmente, el tribunal oral determinó en noviembre que la "obtención de ese video (del Metro) no habría guardado las formalidades necesarias de la cadena de custodia, y eso teñiría de ilegalidad todo lo obtenido en adelante".
Sin embargo, ahora que dicha resolución fue revocada y habrá un nuevo juicio, Guerra afirmó que "no hay discusión de que las personas que aparecen en el video son ellos".
"En su momento se esbozó por la defensa y algunos grupos ligados a los imputados que hubo un montaje por parte de la policía y el Ministerio Público, y el propio fallo anulado, si bien considera que hubo una ilegalidad en el actuar de la policía, señala claramente que descarta cualquier teoría del montaje", remarcó.
LAS PENAS QUE PEDIRÁ EL MINISTERIO PÚBLICO
Por tanto, el jefe de la Fiscalía Oriente dijo que "estamos esperanzados en este nuevo juicio, en que se aclaren aquellas situaciones, y podamos lograr la condena de los dos imputados".
El jurista adelantó además que en cuanto se fije la fecha del nuevo proceso podrían solicitar una audiencia para "decretar algún tipo de medida cautelar destinada esencialmente a garantizar que ellos estén presentes", pues ahora se encuentran en libertad.
Por lo demás, el Ministerio Público pide 15 años de cárcel para Morales, y 10 años de presidio para el menor de edad, la pena máxima que se puede solicitar para un adolescente.
"NO HAY PRESOS POLÍTICOS EN ESTE PAÍS"
Respecto al indulto que proponen parlamentarios de oposición para personas en prisión preventiva desde el estallido social, Guerra reafirmó que en la Fiscalía lo "consideramos absolutamente innecesario", sobre todo pues "trata al parecer de eliminar la posibilidad de sanción penal, lo cual no nos parece prudente ante hechos que son graves".
"Además, fecunda en premisas que no son reales: En este país no hay presos por razones de naturaleza política, sino que hay presos por delitos comunes, que probablemente pretendan ampararse en una razón política para justificar sus delitos, pero aquí no tenemos ese tipo de situación que se dio en dictadura, en que personas se encontraron procesadas y presas fuera de lo que era un Estado de derecho democrático", sentenció.
También descartó que las cautelares se mantengan por demasiado tiempo, como argumentan varios legisladores, pues el sistema chileno permite que una investigación se extienda por un máximo de dos años, con la posibilidad de revisar cada una de estas medidas ante los tribunales.
"Yo no considero que haya habido especial exceso, y por ejemplo, ya tenemos varias personas condenadas en casos de fabricación y lanzamiento de bombas molotov", planteó el persecutor.
Sobre el proyecto en sí, estimó que "hay un aprovechamiento pretendiendo presentar poco menos que como personajes heroicos a quienes cometieron delitos gravísimos en contra de la propiedad y de otras personas, y que afectaron gravemente la seguridad y la legitimidad de un movimiento muy justo".
