El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), aseguró que la declaración a favor de los denominados "presos de la revuelta social" aprobado por la Convención Constitucional no ha lugar, porque -reiteró- "no existen presos políticos en Chile".
El documento fue visado ayer jueves en segunda votación tras una primera que no logró quórum, discusión que marcó las últimas jornadas del organismo.
"Como Gobierno hemos tenido siempre una línea muy clara: en Chile no existen presos políticos; en Chile, que es una democracia, las personas que están presas lo están por acciones graves, y es la Fiscalía la que investiga y son los Tribunales los que finalmente sancionan", expuso el vocero.
En ese sentido, cuestionó: "¿O alguien podría decir acaso que intentar asesinar a dos carabineras tirándoles una bomba molotov no es un caso grave? ¿Alguien podría decir que incendiar el Transantiago, quemar los centros de las ciudades, saquear las pymes, es algo que no merece ser investigado siquiera?".
El ministro enfatizó, en comparación que "donde sí existen presos políticos es en Cuba, es en Venezuela, en Nicaragua; donde hay dictaduras asesinas que no creen en la libertad".
SENADO NO SE SIENTE PRESIONADO
Desde el Congreso, el senador independiente Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución que deberá revisar el proyecto de indulto aún en primer trámite, aseguró no sentirse presionado.
"En lo personal, no me siento presionado por estas declaraciones de la Convención, lo tomo como el legítimo derecho de petición que pueden hacer las personas a órganos del Estado, y como comisión vamos a trabajar en forma responsable en este y otros temas que tenemos que abordar, que también están en la agenda de la Comisión", comentó.
Por otra parte, sostuvo que "como Comisión de Constitución, para legislar en forma seria y no con una consigna mediática, necesitamos tener antecedentes e información arriba de la mesa; comparto lo que se ha dicho de que no es lo mismo indultar, por ejemplo, a una persona que ha causado desórdenes públicos en el marco de una protesta, o a una persona que ha cometido undelito de sangre o alguno que está sancionado por la Ley de Control de Armas".
JÜRGENSEN: "LA SOLICITUD CONTIENE INEXACTITUDES"
Harry Jürgensen, convencional por Vamos por Chile, fustigó la declaración a favor de un indulto ya que, afirmó, no es el rol de la Constituyente y además el texto es "inexacto" respecto de la realidad.
"Yo soy uno que rechaza esa declaración absolutamente, por varias razones: en primer lugar, porque contiene inexactitudes y en segundo lugar, porque no es nuestra misión ciudadana estar haciendo declaraciones de las contingencias del país", apuntó el ex intendente de Los Lagos.
"Nuestra función principal es redactar la nueva Constitución, y a mí me parece que estas declaraciones confunden nuestra misión principal, y además, estamos dándole espacio a situaciones que les corresponde resolver a otras instituciones, y no a nosotros", remarcó.
"Es decir, la Convención Constitucional no tiene la solución política y no tiene ningún tipo de facultad para estar tratando de interferir en las acciones de otros órganos del Estado", enfatizó.
POLITZER: NO SE TRANSGREDE ABSOLUTAMENTE NADA
En la otra vereda, la constitucionalista Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) opinó que la convención no está trasgrediendo ninguna normativa con la presentación del documento.
"No creo que se esté transgrediendo absolutamente nada. Creo que como Convención tenemos todo el derecho a pedirle a otros poderes del Estado que, en virtud de sus facultades, puedan o no acoger las demandas que se les está proponiendo, con miras a una mejor convivencia nacional, y a un clima de armonía y serenidad que, a mi juicio, es indispensable para el buen trabajo que debe llevar adelante la Constituyente", planteó la independiente no neutral.
¿PRESOS POLÍTICOS EN LA ARAUCANÍA?
En tanto, Ruth Hurtado, constituyente y miembro de Mujeres Por La Araucanía, dijo que "nosotros no podemos entrometernos en otros poderes del Estado, eso no está en nuestras facultades. Notros podemos pedir respeto a los Derechos Humanos, pero no corresponde que los constituyentes se adjudiquen atribuciones que corresponden, en este caso, al Poder Judicial".
"Queda claro que para algunas personas de un sector político distinto que, además, representa al país en la redacción de una nueva Constitución, el cometer ilícitos, delitos o crímenes, no deben tener consecuencias; al contrario, deben ser 'premiados con la libertad' exponiendo la integridad de los demás ciudadanos que claman a gritos por mayor seguridad en todo el país", fustigó.
Alejo Apraiz, miembro de la Red de Víctimas de la macrozona sur, se refirió a que este indulto, en caso de aprobarse, pueda alcanzar al machi Celestino Córdova, único condenado por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
"(Como) Asociación de Víctimas estamos concientes y sabemos que en Chile no hay presos políticos y menos en La Araucanía, puesto que todas las personas que están privadas de libertad ha sido por hechos de sangre o hechos de alguna situación en las que han participado y han dejado víctimas de violencia en La Araucanía", señaló Apraiz.
"La Convención Constituyente no es materia de ellos estar proponiendo indultos para los supuestos presos políticos", cerró.
