Un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que fue solicitado por la Comisión de Constitución del Senado, considera jurídicamente "impertinente" el proyecto que concede un indulto a los llamados "presos de la revuelta" que están en prisión preventiva desde fines del 2019.
La PUC basó en cuatro ejes su respuesta a la iniciativa, que sigue en primer trámite: pertinencia legal y doctrinaria de la institución propuesta; naturaleza jurídica del beneficio que se consulta; experiencias comparadas similares y concepto de presos políticos y pertinencia de aplicarlo a este texto, consignó El Mercurio.
Al final del documento -al que contribuyeron varios académicos de la facultad, según el decano Gabriel Bocksang-, aparece el apartado de "evaluación general del proyecto y conclusión", que indica que la "institución de que trata el proyecto es impertinente respecto de los hechos que pretende regular".
A juicio de los expertos, hay dos razones que "podrían ser tenidas a la vista para afirmar que el proyecto no sea pertinente jurídicamente": la primera, es que "existe una posible afectación al derecho a conocer la verdad sobre los delitos ocurridos", pues enfatiza que la iniciativa "se refiere a delitos que han afectado a terceros que han sufrido afectaciones a su vida, integridad personal y patrimonio, entre otros derechos".
"Por lo tanto, una ley de indulto que detenga los procesos judiciales transgrediría de manera grave el derecho de las víctimas a conocer la verdad", plantea el texto.
A renglón seguido, se habla de que "eventualmente podría haber una discriminación arbitraria al excluirse de manera genérica a los funcionarios públicos que participaron en el control de los desórdenes y delitos cometidos".
PRÓXIMOS PASOS EN EL SENADO
Se prevé que el proyecto sea puesto en votación en la instancia que preside el independiente Pedro Araya en cuanto finalicen las exposiciones de invitados: familiares de los presos participaron en la sesión de ayer miércoles, mientras que este jueves se esperan intervenciones de representantes de víctimas y comerciantes de "zonas cero".
Considerando ese cronograma, la propuesta podría ser votada pronto en la Sala del Senado, aunque sigue sin definirse el quórum que requiere para avanzar, pues no está claro si corresponde el de mayoría absoluta -22 votos- o el de tres quintos, ya que la eventual ley otorgaría una nueva facultad a tribunales.
