"Existe una diferencia entre regular y deshumanizar", cuestionaron sobre la iniciativa del Ejecutivo.
A través de una carta, la Red Clamor Chile cuestionó la indicación del Gobierno que busca que servicios públicos o instituciones previsionales entreguen antecedentes requeridos por la autoridad migratoria en casos de procedimientos legales en marcha; pues -afirman diversas ONG firmantes- se apunta a instalar una "cultura de la delación".
"La indicación que pretende obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes buscan atención o educación nos genera una pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿Estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?", cuestionan.
Firmada inicialmente por la Gabriela Herrera, religiosa y secretaria ejecutiva de Red Clamor Chile; Moisés Atisha, obispo de San Marcos de Arica y presidente de Cáritas Chile; Bárbara Etcheberry, directora de Fundación SoyMás; y Pablo Walker, capellán del Servicio Jesuita a Migrantes; la misiva enfatiza que "en nuestros barrios y escuelas conviven personas sin antecedentes delictuales que han demostrado arraigo, voluntad de insertarse y trabajar, pero que han incumplido normas administrativas a menudo inalcanzables debido a la crisis en sus países de origen o a una gestión migratoria interna deficiente que les ha dejado en situación irregular".
"Redoblar la presencia policial en las puertas de acceso del sistema de salud primaria es un error, porque eso es un espacio seguro donde tiene que acceder una persona, aunque esté irregular. Imagínate que no llegue ahí una persona que está con dolores de parto porque teme ser expulsado. Es siniestro eso", enfatizó Pablo Walker en El Diario de Cooperativa.
"Impulsar una 'cultura de la delación' en servicios básicos de salud no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, como ha reconocido la propia ministra de Salud; sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social. Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro", agrega el texto.
"Tenemos un tesoro en el país que se llama democracia, que es frágil y querida. Si nos dividimos entre los que tienen acceso a derechos y los que no, efectivamente estamos dañando los barrios, las iglesias, las organizaciones, las empresas, las escuelas. Eso es grave para la construcción de la paz social y la justicia social", agregó Walker.
Según dice la carta, se entiende que "el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria. Pero existe una diferencia entre regular y deshumanizar. Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país".
"La dignidad humana no puede estar condicionada a un documento vigente. Pedimos a las autoridades reconsiderar estas medidas buscando caminos de orden que no sacrifiquen ese principio, protegiendo especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva", remata el texto, también suscrito por José Yuraszeck, capellán general del Hogar de Cristo; Eliana Santibáñez, presidenta de la Comisión Justicia y Paz; el directorio de ComunidadMujer; la Fundación Mujer Levántate, World Vision Chile, Fundación Amparos y Fundación Crecer, entre otros.
El representante del Servicio Jesuíta de Migrantes también abordó la realidad de miles de extranjeros que intentan regularizar su situación pero se encuentran con un sistema colapsado y burocrático.
"Es un dato que hubo una acumulación enorme de solicitudes del gobierno precedente de las que este gobierno tiene que hacerse cargo. Es una lentitud en la respuesta; a veces es una 'ciénaga', unas aguas pantanosas donde la tramitación por la web se hace imposible. Son multas que se quieren pagar, pero no se pueden pagar en los tiempos oportunos, y eso hace que las personas recurran a tramitadores que son un negocio que florece prometiendo mentiras", declaró Walker.
