Tras un informe del Ministerio de Defensa, el Ejecutivo realizará indicaciones al proyecto de diputados de la DC para hacer publicas 159 normas generadas por la dictadura.
El diputado Jorge Burgos anunció que La Moneda enviará al Congreso indicaciones al proyecto de ley de la bancada democratacristiana que busca quitar el carácter de secreto a una serie de leyes generadas por la dictadura militar de Augusto Pinochet, y que aún regulan diversos aspectos de la vida democrática del país.
Según el legislador, el Ejecutivo busca que siete de estas "leyes secretas", promulgadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, mantengan su estatus, pues según el Ministerio de Defensa su contenido hace compleja su publicación en el Diario Oficial.
En octubre de 1999, el entonces senador del Partido por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, propuso un proyecto de acuerdo para que las 159 leyes secretas de la dictadura -que permanecen en la bóveda de la Secretaría del Senado- se hicieran públicas.
Entre estos textos están los que modifican la Ley del Cobre, una que crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y otra sobre la planta de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
El origen de las leyes secretas
El régimen militar se autorizó a sí mismo (con el Decreto de Ley 991 de abril de 1975) para crear legislación de carácter "secreta o de naturaleza reservada", en lo que fue el primer acto legislativo bajo la Constitución de 1980 -y también el primero en llevar el título de "ley" en vez de "decreto ley"- estableció normas para la creación de normas.
Su artículo 34 hizo oficiales las leyes secretas y confirmó su existencia. Además del general Pinochet, los miembros de la Junta y el correspondiente gabinete ministerial, las leyes secretas eran conocidas sólo por un selecto grupo de oficiales.
En noviembre de 1983, la existencia de las leyes secretas se confirmó por casualidad cuando la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó la petición de un habeas corpus a favor de una persona por quien la CNI había emitido una orden de arresto. Al aceptar la petición, la corte argumentó que el Decreto Ley 1878, dentro de las "leyes secretas", creado en 1977 por la CNI, no la autorizaba a emitir órdenes de arresto.
El ministerio del Interior rechazó este argumento basándose en que la corte había citado sólo el decreto ley y no había considerado las modificaciones posteriores. Como nunca se habían hecho públicas tales enmiendas, el ministerio del Interior confirmó la existencia de las citadas leyes secretas, que de otro modo no tenía forma de conocer.
