La Comisión de Normas Transitorias definió en esta jornada materias claves respecto a cómo se aplicaría el fin del Senado, en caso de aprobarse la nueva Constitución.
En tanto, se cayó la idea de que el Presidente pueda legislar mediante Decretos con Fuerza de Ley debido a aspectos prioritarios, como pensiones y salud.
La Comisión de Normas Transitorias abordó este martes cuándo caducará, de aprobarse la nueva Constitución, el actual Senado y para ello los colectivos de centro izquierda han realizado diversas reuniones en Palacio Pereira.
Lo anterior, para lograr acuerdos en torno a una serie de propuestas que van a ingresar con el más amplio consenso posible a dicha comisión para ser tramitadas, cuyo primer filtro es de 3/5 de los votos (20 votos) para aprobarlas.
La instancia discutió respecto a las y los senadores recién electos, que se encuentran en su primer periodo de ocho años, ya que deben resolver qué pasará con ellos luego de los primeros cuatro años, cuando se cierre la institución del Senado.
Se manejan al menos dos alternativas, junto a una tercera menos probable, y ya hay cierto consenso de que en 2026 el Senado se termine, según explicó el convencional del Colectivo Socialista, Tomás Laibe.
"No hay posiciones fijas ni acuerdos cerrados, pero la mayoría se inclina porque el 2026 se constituyan ambas Cámaras. O sea, el Senado podría terminarse como lo conocemos el 2026", detalló.
Respecto a las autoridades en ejercicio, Laibe sostuvo que tienen "un mediano acuerdo de que a las autoridades que hoy día están en ejercicio no se les apliquen las inabilidades o los límites a la reelección que establece la Constitución, sino que se apliquen posterior a la entrada en vigencia de estas Cámaras".
"Eso obviamente incluye a los senadores, que no tendrían una inhabilidad para repostular" a alguna de estas, explicó.
Lo anterior, significa que los senadores en ejercicio actualmente podrían repostular a la Cámara de las Regiones o, si se logra un acuerdo más grande, que pasen por derecho adquirido, lo que no es tan viable. También está la idea de que los que quieran, puedan postular al Congreso de Diputadas y Diputados.
Pasada la medianoche, el también socialista César Valenzuela ratificó que la propuesta final sostiene que "la institución del Senado no continúa existiendo, y por lo tanto, no se condice que estas autoridades continúen en órganos que van a dejar de existir".
"En este primer entendimiento que se ha suscrito por parte de varios colectivos, no se incorpora la posibilidad de que los senadores que fueron elegidos en estas últimas elecciones parlamentarias integren la Cámara de las Regiones", explicó, planteamiento que de todos modos debe ser aprobado por el Pleno.
Patricia Politzer (Independientes No Neutrales) manifestó que "los senadores que se eligieron recientemente sabían que estábamos en pleno proceso constitucional y por lo tanto existía la posibilidad de que su mandato se acortara, por lo tanto no me parece que esto sea una sorpresa para ellos".
La semana pasada el contralor de la República, Jorge Bermúdez, sugirió la posibilidad de utilizar los Decretos con Fuerza de Ley para las materias adecuatorias y dentro de la comisión se plantea la posibilidad de que el Presidente sea dotado de facultades para que haga la legislación necesaria a través de una discusión de norma transitoria, en caso de que el Congreso no tramite las leyes en un plazo definido.
Desde la Coordinadora Plurinacional ya decidieron que juntarán las firmas necesarias (32) para presentar una propuesta de norma transitoria que apunte en esa dirección, en caso de no lograr acuerdos, para lo que hubo plazo hasta las 23:59 horas.
Tania Madriaga enfatizó al respecto que "hay leyes actuales que obviamente van a quedar en condición de inconstitucionalidad en algunos aspectos y algunas de ellas podrían ser adecuadas a la nueva normativa constitucional a través de este tipo de decretos".
"Nosotros creemos que tiene que ser en aquellos temas donde se han planteado las urgencias sociales", que tienen relación con el financiamiento educacional, de salud, de pensiones o de vivienda. "Hay varios aspectos que no pueden esperar un calendario de cuatro o cinco años", recalcó.
Una vez terminado el plazo, Marcos Barraza (PC) confirmó que si bien "se desestimó la idea de los decretos con fuerza de ley", se van a establecer plazos perentorios para que el Gobierno presente proyectos, y que el Congreso los tramite: por ejemplo, un año en el caso de reforma previsional, un año y medio para la salud universal.
"Lo que se estableció respecto de prioridades legislativas, particularmente en seguridad social, pensiones, salud, educación, vivienda y trabajo, son plazos al Ejecutivo para la presentación de proyectos de ley, y se le da un mandato al Congreso para, en dos años, legislar esos proyectos, lo cual establece un imperativo en materia de legislación", detalló.
El ex ministro agregó que la propuesta también determina que, "para efectos de reforma constitucional, sólo podrán realizarse con un quórum de dos tercios en lo que resta del periodo de aquí al 2026, cuando entra a regir el nuevo sistema legislativo".
Previamente, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, dijo que "lo que está en duda es qué hacer para que las disposiciones permanentes del articulado de la Constitución no se vuelvan letra muerta", lo que consideró como "un debate razonable".
De esta forma, manifestó que se deberá encontrar el "mejor mecanismo que contemple el debate democrático y al mismo tiempo algún sistema de contrapesos", así como existen en otros sistemas democráticos, "para que el Congreso también tenga una presión en legislar en un tiempo debido".
