"Con mi plata no", así se titula una iniciativa popular de norma que apunta, entre otras cosas, a garantizar la propiedad de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores en el sistema de pensiones vigente en Chile, y que se convirtió en la segunda en conseguir las 15.000 firmas requeridas para que sea debatida por la Convención Constitucional.
En el articulado propuesto, una norma transitoria establece que "las cuentas de capitalización individual existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución, abiertas en conformidad al Decreto Ley N° 3.500, de 1981, permanecerán íntegramente vigentes hasta la utilización total de los fondos por el respectivo titular, cotizante, pensionado o heredero".
"En ningún caso la ley podrá expropiar, nacionalizar ni reducir los fondos de estas cuentas o afectarlas a un destino o titular distinto de la pensión del cotizante o de sus herederos", sentencia.
Es impulsada por una autodenominada "Agrupación de Ahorrantes Previsionales", que cuestiona que "muchos políticos, para mejorar las pensiones, proponían destinar nuestras cotizaciones a fondos solidarios o cuentas ficticias, metiéndonos, una vez más, la mano al bolsillo", advirtiendo que "esto ya pasó en Argentina donde el Gobierno se apoderó de los fondos de pensiones y hoy el sistema está desfinanciado".
"No queremos que nos pase lo mismo", cierra la organización.
La propuesta de norma constitucional igualmente pretende que "se consagre la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas", que "el Estado vele por que hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado" y que "el Estado garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales".
La Convención fijó como plazo el 1 de febrero para conseguir que las propuestas ciudadanas de reforma a la Constitución consigan las 15.000 firmas necesarias para ser discutidas y votadas en la instancia.
Cualquier persona puede presentar su propia propuesta para que sea discutida. Pero, para ello, requiere reunir los patrocinios provenientes de ciudadanos de, al menos, cuatro regiones distintas, quienes deben concurrir con su firma en la plataforma web que se habilitó el 22 de noviembre.
