Calama aprobó ordenanza contra los "narco equipajes"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Concejo Municipal aprobó la obligación de que las empresas rotulen las maletas, bolsos o bultos para identificar a sus dueños.

Con la normativa actual, "muchas veces hay impunidad" cuando se detecta droga en buses o terminales, argumentó el delegado provincial Miguel Ballesteros.

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Como una medida para combatir el fenómeno de los "narco equipajes", la Municipalidad de Calama obligará a las empresas de buses interurbanos a rotular las maletas, bolsos y bultos, para que queden asociados a los pasajeros que sean sus propietarios.

El Concejo Municipal aprobó, en votación unánime, la modificación a la ordenanza municipal, en base a una propuesta que el Gobierno trabajó con el municipio y el OS-7  de Carabineros durante los últimos 10 meses.

Esto, debido a que en la Provincia de El Loa suele ocurrir la incautación de sustancias ilícitas en zonas de carga de buses en terminales, en algunos casos en grandes cantidades de droga, pero generalmente sin que se pueda identificar al dueño del equipaje entre los pasajeros.

"Uno de los fenómenos que se da es la distribución de droga a través de los 'narco equipajes' en los buses interurbanos, y allí lo que sucede es que como no existe la obligatoriedad de tener el equipaje asociado a un pasajero, muchas veces hay impunidad", sostuvo el delegado provincial, Miguel Ballesteros.

Por ello, "en noviembre del año pasado pasamos por la Comisión de Transporte del Concejo Municipal donde pudimos explicar los alcances, la necesidad y los aspectos que se iban a modificar en esta ordenanza, la relevancia de esta ordenanza", puntualizó.

En detalle, las agencias deberán contar con listados que contengan el nombre y cédula del usuario, la información de su destino y el número de equipaje.

La ordenanza, que se espera comience a implementarse a partir de este mes, también establece el aumento de las cámaras de vigilancia en los terminales, y que sus grabaciones queden a disposición del Ministerio Público y las policías; e incrementa las sanciones, hasta 5 UTM, a los administradores en caso de incumplimientos.

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