Sanción alcanza el monto de 1.640 millones de pesos.
Los cortes generaron protestas en la ciudad de la Región de Los Lagos.
La multa más alta en materia de agua potable fijó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) contra Essal por los cortes que afectaron a la ciudad Osorno entre el 11 y el 21 de julio del año pasado, debido a la contaminación con petróleo diésel de la planta de agua potable Caipulli, tras un derrame.
De acuerdo con la información oficial, el monto de la multa asciende a 2.720 Unidades Tributarias Anuales, equivalentes a 1.640.878.080 pesos al valor de agosto de 2020, el máximo que permite la ley según el tipo de infracción en seis de los nueve cargos formulados a la empresa.
""Hemos aplicado contra Essal la multa más alta en materia de agua potable que ha aplicado esta Superintendencia", destacó el superintendente (s) Jorge Rivas, quien dio a conocer la multa.
"La indagatoria inicial realizada por la SISS concluyó que los hechos investigados son de la mayor gravedad, por su duración y sus repercusiones en la población. Dejan en evidencia que la empresa sanitaria Essal incurrió en diversas fallas", agregó el regulador.
Los nueve cargos por los cuales se sanciona a Essal son los siguientes:
Tras esta sanción, la concesionaria Essal anunció que estudia persistir en nuevas instancias, como la interposición de un recurso administrativo de reposición ante la misma SISS y, posteriormente, la reclamación ante los tribunales de justicia.
La sanitaria aseguró que el regulador sanitario "dictaminó una desmedida multa a la compañía".
Para la empresa, "el monto de la sanción impuesta por la SISS carece de precedentes a nivel de industria en los últimos años, en momentos en los cuales la necesidad de reactivación económica y la generación de nuevos empleos son prioritarios en medio de los impactos por la pandemia de COVID-19".
En forma paralela y distinta, sigue su curso ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios la tramitación de un procedimiento especial destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, cuyo análisis sigue en desarrollo debido a la cantidad de información técnica, económica y jurídica entregada por la empresa, a la que se han sumado nuevos antecedentes, diligencias y presentaciones para la mejor resolución.
Entre ellos está un proceso de venta de la sanitaria que podría concluir con la llegada de un nuevo dueño para estas concesiones, todo lo cual debe ser ponderado por el fiscal instructor a cargo del proceso.
El alcalde de Osorno, Jaime Bertin, dijo creer que "en la historia del país esto va a quedar como referencia, sin lugar a dudas, y en todas partes se le está prestando mucha más atención a la fiscalización de estas empresas".
"(Las sanitarias) están haciendo un negocio acá en Chile con esto, pero también nos pueden perjudicar enormemente en caso de que ocurra alguna situación como la que se dio en Osorno", advirtió a Cooperativa Regiones.
Con todo, para el jefe comunal osornino, "la Superintendencia tiene todavía mucho paño que cortar", recordando que "está en juego el tema de la concesión, que tendrá que verlo y dimitir un juicio en un momento determinado. Ellos fueron claros, precisos: dijeron que había argumentos suficientes para eso, y lo que espera la gente de Osorno apunta en ese sentido".
Por su parte, Eliana Catrilef, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, espera que "si se llega a pagar esa multa, que también tenga un poquito de compensación para nuestros vecinos, porque fueron los vecinos quienes más gastaron y, hasta el día de hoy, hay mucha gente que no confía en el agua".
"Se están haciendo hartas medidas, hartos arreglos en las matrices, pero la gente todavía desconfía un poco con que el agua esté pura", añadió la dirigente vecinal.
