Reacciones contrapuestas ha provocado el fallo de la Corte Suprema que revocó la prohibición a Carabineros de utilizar escopetas antimotines ante cualquier evento que se produzca en Valparaíso, medida que había sido dictada por la Corte de Apelaciones de la Ciudad Puerto.
El tribunal de alzada, en junio del 2020, había ordenado a la policía no usar ese medio disuasivo tras acoger 15 recursos de protección interpuestos por observadores de derechos humanos y organismos, como la Municipalidad de Valparaíso o Aldo Valle cuando rectoraba la Universidad de Valparaíso, en contra de la institución uniformada, debido a su labor en el marco de las manifestaciones tras el estallido social de octubre del 2019.
Pero la Tercera Sala del máximo tribunal revocó esa sentencia debido a que -estimaron- no está en su jurisdicción establecer la legalidad del actuar de la policía en sus labores de control -"no puede ser resuelta por esta vía"-; además de que observó que "se han dictado los protocolos que regulan el uso de la fuerza, conforme a los cuales los agentes policiales deben ajustar su acción, en los términos que para cada caso se detalla".
Resolución que inquieta a Matías Orellana, profesor de la Universidad de Playa Ancha, quien la madrugada del 1 de enero de 2020, tras Año Nuevo, perdió el ojo izquierdo tras recibir -se presume- el impacto de una bomba lacrimógena, en circunstancias de que había algunas manifestaciones y enfrentamientos entre violentistas y la policía en la plaza Aníbal Pinto; hecho por el cual hay cinco carabineros querellados, en una investigación que sigue en curso.
"Quedaron todos muy preocupados en todo el país, no sólo aquí en Valparaíso; vemos que hay como una tendencia a la violencia por parte del Gobierno cada vez más fuerte a medida que se están abriendo las calles por la pandemia, a medida que vamos volviendo de la 'pega', estamos muy preocupados por lo que pueda pasar", expresó.
"Sobre todo aterrizándolo con lo que pueda pasar acá en Valparaíso, en las movilizaciones de los secundarios, principalmente porque la instancia superior para lograr protección, en este caso, de los derechos humanos es la Corte de Apelaciones, y ahora se nos acaban las últimas instancias que teníamos a nivel nacional", complementó.
Por ello, "estamos evaluando ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", adelantó.
A su vez, Gisela Escobar, abogada de la Municipalidad y patrocinante de uno de los recursos que había acogido el tribunal de alzada, manifestó que "como municipio no estamos de acuerdo con este fallo de la Corte Suprmema y lo calificamos como un retroceso".
"El fallo indica que la acción de protección no es la vía para recurrir cuando Carabineros vulnera los derechos fundamentales de las personas, desoyendo los principios internacionales y protocolos para le uso de la fuerza de agentes estatales, como ocurrió en Valparaíso y en todo el país", criticó le letrada.
COMERCIO VALORA FALLO: "ES LO QUE NECESITÁBAMOS"
Sin embargo, la decisión judicial fue celebrada por Carabineros, que interpretó que con el fallo "su uso (de las escopetas antidisturbios) se encuentra legitimado por la legislación nacional".
De manera similar recibieron la noticia entre los comerciantes de calle Condell, una de las arteria más afectadas por saqueos e incendios en Valparaíso tras el 19 de octubre de 2019, cuando las manifestaciones -originadas en Santiago- llegaron a la región.
"Es lo que necesitábamos, que le dieran el apoyo de esta manera a Carabineros para que pudieran estar en contra de los delincuentes; lo que nosotros siempre hemos pedido es actuar con mano dura con los delincuentes, con los vándalos, no con las marchas pacíficas", manifestó Héctor Arancibia, dirigente del comercio establecido de ese sector.
Apuntó que en el marco de hechos hechos "casi 20 locales fueron saqueados y quemados, y Carabineros no tenía cómo defenderse".
"Nosotros lo vimos porque estábamos en las calles todos los días, sabíamos muy bien el accionar de este tipo de gente (...) es espantoso ver como Carabineros se tenía que defender, en algunos casos, con las mismas piedras que recibían, porque no tenían más herramientas", puntualizó.
Para Juan Carlos Manríquez, abogado que patrocinó las acciones del comercio como contraparte en este proceso, lo resuelto por la Suprema "es muy relevante en tres líneas esenciales", la primera de ellas, que establece que "el recurso de protección no es el medio para impugnar eventuales excesos en el uso de los materiales disuasivos o violaciones de DDHH", pues quien las comete "queda sujeto a responsabilidad administrativa y eventualmente penal por los delitos".
"Que el material disuasivo se encuentra reglado por reglas particulares que deben ser respetadas. Y tercero, que obliga a distinguir entre civiles, manifestantes pacíficos y saqueadores, ladrones y asaltantes", agregó.
