Con prohibición de acercarse a los terrenos de la familia Correa quedó Luis Alarcón, imputado por lotear y asignar a terceros el predio que pertenece a la sucesión del empresario Alejandro Correa, víctima de sicariato en 2020.
El 10 de mayo de ese año Correa había encarado al imputado por la toma ilegal de sus tierras en Quilpué, el 14 de mayo lo denunció y cuatro días más tarde Correa fue asesinado a manos de un sujeto, cuyo financista es presuntamente Renato López, conocido de Alarcón.
Respecto de lo anterior, según Fiscalía en algún momento Alarcón fue "sujeto de interés" en la investigación del homicidio de Correa, pues existe intercambio de llamadas entre ambos imputados, cuyas causas corren por carriles independientes pese a que la abogada de la familia de la víctima, María Alejandra Barros, sostiene que sí existiría relación entre ambos hechos.
El fiscal, Cristian Paredes, formalizó a Correa por el delito establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcción que dice relación con sancionar al loteador que transfiera lotes o constituya comunidades tendientes a la formación de nuevas poblaciones fuera del marco de la ley.
Para acreditar lo anterior, el persecutor presentó una serie de testimonios de residentes del lugar en cuestión que dan cuenta de que Alarcón loteó, asignó y sorteó terrenos que, aseguró, eran fiscales. Sin embargo, un documento de Bienes Nacionales descartó aquello.
En la formalización también se conoció que Alarcón pagó una retroexcavadora para efectuar un camino de 100 metros al interior de la toma y que tras un sobrevuelo hecho con un dron, personal fiscalizador de la municipalidad estableció que el loteo "fue preciso y bien distribuido. Hay una planificación y hay estudios", aseguró un fiscalizador en calidad de testigo.
"Recordemos que esta causa se inicia con la denuncia de don Alejandro Correa. Una vez hecha esta denuncia, cuatro días después, se inicia una causa por homicidio en Viña del mar. En la misma denuncia del señor Correa, él detalla cómo llega al lugar, identifica al señor Alarcón como quien lideraba a las personas que estaban loteando y tomándose los terrenos. Está en su declaración por escrito y también en la carta que dirige a la gobernadora en ese momento", relató el fiscal Paredes.
Agregó que "dada esta coincidencia de fechas y la relación que tenía el señor Correa con el imputado principal de la otra causa, (Alarcón) fue sujeto de interés en algún momento en la otra causa y a raíz de eso se le tomó una declaración, principalmente, por las escuchas telefónicas, hay más de 10 conversaciones con el imputado principal de la otra causa. Lo importante es que en esa otra causa fue la Brigada de Homicidios la que le tomó declaración al imputado con respecto de la investigación por los loteos irregulares".
"En su declaración él señala sin tapujos que 'demarcamos el lote D, que el sector tenía un dueño que era el señor Correa, que se contrató una máquina retroexcavadora de Áridos Quilpué para efectuar caminos en terrenos loteados y por lo tanto, reconoce este loteo irregular'", relató el persecutor.
"El señor Alarcón lideró una toma de terrenos privados, no solamente loteó, sino que urbanizó con la construcción de caminos, contrario a la norma de la Ley General de Urbanismo . (... ) El señor Correa (denunció) que esto fue a título oneroso, pero la declaración de los propios pobladores señalan que fue a título gratuito y han remarcado que no han tenido un pago".
Tras lo anterior, el fiscal pidió 120 días de investigación argumentando que se deben realizar peritajes planimétricos junto a la PDI, como también indicó que no se ha descartado el pago de honorarios, situación que también deberá acreditarse o descartarse mediante diligencias policiales.
