El Ministerio Público del Biobío informó que la fiscal regional, Marcela Cartagena, decidió separar la investigación de los hechos de violencia ocurridos en Cañete el miércoles, y que devinieron en la muerte del comunero de 23 años Yordan Liempi, entre el aspecto de violencia rural y el de eventuales vulneraciones a los derechos humanos.
Según el comunicado publicado la noche del jueves, el fiscal de DDHH del Biobío, Nelson Vigueras, "tendrá a su cargo la tarea de esclarecer la eventual participación de agentes del Estado (los funcionarios de la Armada apostados en el lugar) en la muerte de una persona y las lesiones sufridas por, al menos, otras tres".
"En esta labor, estará acompañado por un equipo especializado de la PDI en investigaciones por vulneraciones de derechos fundamentales", precisa el escrito.
La versión de la familia Liempi es que el fallecido se encontraba al interior de su predio cuando recibió el disparo, y que el bloqueo de la ruta efectuado por infantes de marina les impidió ir en busca de ayuda para la víctima.
Así lo reafirmó Danitza Herrera, la pareja de Yordan, quien relató al periódico El Resumen que la víctima "estaba en el patio cuando los milicos empezaron a disparar como locos y ahí le llegó una bala".
"Después, cuando le pasó todo eso, lo quisimos llevar al hospital, (pero) se negaron y tomaron la carretera. No nos dejaron llevarlo ni a Cañete, ni querían que lo llevaran a la posta", aseguró, estimando que "si lo hubiesen llevado a Cañete, que era la parte más cercana, esto no le habría pasado, pero el viaje de San Miguel a Tirúa era demasiado largo, y perdió mucha sangre".
La joven insistió en que fueron los efectivos los que "empezaron a disparar y tenían cortada la carretera. No fue una emboscada de los comuneros mapuche, eso es una mentira".
A su vez, el persecutor para casos de violencia rural, Juan Yáñez, "continuará dirigiendo la causa que busca determinar la responsabilidad de tres personas detenidas ayer (miércoles) en distintos delitos de atentado contra la autoridad, infracción a la ley de armas y receptación" de un vehículo.
En este caso "también se incluye lo referido a la denuncia ingresada por la Armada en contra de dos de las tres personas mencionadas", las que quedaron en libertad este jueves, pues la Justicia determinó una falta de evidencias concretas de su participación.
Estos eran los acusados de atentado contra la autoridad e infracción a la ley de armas, luego de que tanto la Armada como Carabineros avisaran del porte de una gran cantidad de municiones y armas tras los incidentes.
