Antiguos sostenedores demandaron a la corporación que actualmente administra el recinto.
Es el primer caso que se da en el país tras la promulgación de la Ley de Inclusión.
Para el desalojo se dio un plazo de 10 días, en primera instancia.
El Tercer Juzgado Civil de Concepción ordenó el desalojo en un plazo de 10 días del Instituto San Pedro, en San Pedro de la Paz, Región del Biobío, tras fallar en su contra en un juicio de arrendamiento solicitado por los antiguos sostenedores del recinto.
La acción legal de los antiguos sostenedores del recinto educacional particular subvencionado reclaman el pago de 114 millones de pesos por arriendo entre 2017 y septiembre de 2018, además de 325 millones de pesos por concepto de indemnización por el uso del recinto.
De este modo la comunidad educativa del recinto arriesga ser desalojada, lo que afecta directamente a 880 alumnos.
La historia de la sociedad comercial
Esta situación es la primera que se da en el país tras la promulgación de la Ley de Inclusión en Chile, debido a que no existe una normativa específica en educación que diferencie a los inmuebles habitacionales de educacionales, por lo que se rige por la Ley de Predios Urbanos.
La dueña que creó el establecimiento hace más de 60 años dejó garantizado en un testamento la continuidad de la labor educativa, por lo que creó la Sociedad Comercial Instituto San Pedro, la que rigió los destinos de la institución hasta la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, la que exige que los sostenedores deben ser corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.
Al crearse la corporación Instituto San Pedro se ordenó una auditoría, procedimiento que detectó que los responsables de la administración malversaron alrededor de 1.600 millones de pesos, lo que derivó en una querella contra dos personas, las que respondieron judicialmente con un juicio de arrendamiento.
"Hay que hacer justicia"
Lorena González, actual sostenedora del Instituto San Pedro, dijo que "hay que hacer justicia; no puede ser que hoy día nos hayamos encontrado con un colegio con déficit, multas en la Superintendencia por gastos rechazados, falsos y que además presenten una demanda de arriendo la cual fue fallada injustamente y nos saquen a la calle".
Al momento del traspaso de sociedad comercial a corporación se firmó una promesa de compra del recinto, la que no se concretó, razón por la que el dueño, en base al testamento, sigue siendo la firma que figura como sociedad comercial.
Sandra Valenzuela, presidenta del Centro General de Padres del Instituto San Pedro, apuntó a que "realmente para nosotros es súper difícil. Teníamos esperanza que la resolución del arriendo hubiese sido favorable para el colegio, porque aquí sea como sea el tema principal son los niños los que más pierden".
Acciones legales y administrativas
La corporación resolvió apelar a la resolución, pero cuentan con la limitante de no optar a una orden de no innovar, sino que solo pedir a la corte que el lanzamiento se aplace en 30 días.
José Vargas, abogado de la Corporación Educacional Instituto San Pedro, señaló que "el problema del juicio de arrendamiento es que en materia educacional no hay norma especial por lo tanto a los juicios de arrendamientos se les aplica una ley que es aplicable a un inmueble de cualquier casa y el procedimiento es muy corto: una demanda, un comparendo, sentencia y lanzamiento".
"Vamos a poner recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad haciendo presente en el Tribunal Constitucional que esta ley de arrendamiento de predios urbanos resulta inconstitucional respecto al derecho de la educación de los alumnos y otra serie de recursos para evitar el lanzamiento", añadió.
Solución administrativa
Fernando Peña, seremi de Educación del Biobío, indicó que la vía administrativa "va por el lado de que el Ministerio a través de la Superintendencia de Educación pueda nombrar un administrador provisional para el año escolar 2020, lo que les permitiría continuar en el establecimiento hasta resolver los juicios pendientes".
"Me interesa que en el resultado final de esta situación el Poder Judicial entienda que tenemos que generar un precedente y jurisprudencia importante para que en situaciones como esta, a futuro, podamos resguardar el derecho a la educación de los alumnos", agregó.
