La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aclaró que los 1.400 millones de dólares que el Gobierno calcula que las isapres deben devolver a sus afiliados, antes de aplicar el fallo de la Corte Suprema, por cobros indebidos son una cifra preliminar.
En la última jornada, la Asociación de Isapres de Chile aseguró que este requerimiento, que es uno de los lineamientos clave de la ley corta que el Ejecutivo presentará para solucionar la crisis, "sería la lápida del sector".
"Estas cifras que estamos estimando y modelando, y que son ejercicios para establecer el tamaños del problema, se refieren a la proporción de los ingresos que ellos tuvieron durante estos tres años que habrían sido cobrados en exceso. Por lo tanto, hay que compararlo con los ingresos que tuvieron", precisó este miércoles la autoridad sanitaria.
Aguilera reconoció que "es una situación desafiante, y justamente por eso es compleja la alternativa de solución, y por eso hemos planteado que para tener una solución a este tema, todos los elementos de cumplimiento del fallo no pueden entrar al mismo tiempo, sino que tienen que ser en forma progresiva".
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino (PR), apuntó que "todos estamos disponibles al diálogo para buscar factibilidad, pero entendiendo que existen márgenes para dar esta discusión, y que son el no uso de recursos fiscales, la devolución de los cobros en exceso, y por cierto, el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema".
"Lo que están logrando con esta actitud es que opere de manera inmediata el fallo de la Corte, y que termine por quebrar el sistema de salud privado, lo que yo no quiero", complementó el diputado Andrés Celis (RN), integrante de la misma instancia.
Como la Superintendencia de Salud debe comunicar lo adeudado a cada isapre en mayo para dar inicio a las devoluciones de excedentes, de no aprobarse la ley corta, se tendría que aplicar en simultáneo la nueva tabla de factores, lo que busca evitar el proyecto del Ejecutivo.
