Así lo determinó una auditoría a la cuestionada institución efectuada por Contraloría.
Se iniciará una investigación especial a fin de determinar por qué no se les dio curso de modo oportuno.
El ente fiscalizador iniciará una investigación especial para determinar por qué no se tramitaron de manera oportuna.
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de la Región Metropolitana dejó sin tramitar más de 300 mil licencias médicas entre el 2007 y el 2018.
"Se comprobó que al 30 de junio de 2018 existía un total de 270.645 licencias médicas sin tramitar, cuyas datas de recepción provienen desde el año 2007, cifra que al 9 de noviembre de ese año aumentó en 70.753, sin que la entidad haya arbitrado medidas tendientes a gestionarlas", afirmó el ente fiscalizador, que obtuvo la información del obtenida desde el Sistema Informático del Fondo Nacional de Salud (SIF).
Por su parte, la Compin reportó a Contraloría que al 14 de diciembre del 2018 existía un total de 315.637 licencias médicas pendientes de análisis por la unidad de subsidios correspondiente, según una herramienta informática implementada- entre mayo y noviembre de 2018- por el organismo para el pago de licencias médicas.
En este escenario, el ente fiscalizador anunció una investigación especial para determinar por qué no se tramitaron las licencias médicas de manera oportuna.
519 mil millones no regularizados
En este marco, advirtió Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública "no pudo proceder al pago de licencias médicas que se encontraban disponibles para ese efecto, puesto que detectó registros incorrectos que, al 30 de septiembre de 2018, no habían sido regularizados por la COMPIN RM, por la suma de 519.750.566".
Esta última cifra corresponde a subsidios por incapacidad laboral que no fueron realizados y que la comisión clasificó como "sin cuenta corriente", pero no realizando acción alguna para su solución.
Adicionalmente, Contraloría solicitó a la Seremi de Salud Metropolitana y a la coordinación nacional de Compin adoptar las medidas necesarias para tramitar y resolver las licencias dentro de los plazos establecidos e iniciar un sumario administrativo que determine eventuales responsabilidades derivadas de estos hechos.
Finalmente, el organismo encabezado por el contralor Jorge Bermúdez aseguró que "de la revisión de los antecedentes relativos a aquellos objetivos de gestión no se advirtieron situaciones irregulares".
Cabe mencionar que el Compin Metropolitano informó la semana pasada que el 99,8 por ciento de las licencias médicas con retraso superior a 60 días fueron resueltas, pero mencionando cifras que distan de las arrojadas por Contraloría.
Cuestionamientos desde el Congreso
Para la senadora Carolina Goic (DC), miembro de la comisión de Salud de la Cámara Alta, ésta es una situación que debe ser abordada de manera urgente.
"No se puede jugar con la salud de las personas. Estamos hablando de un tema demasiado delicado. Cuando hay una persona con cáncer que la tercera, cuarta licencia todavía no se la pagan, esa es una familia que no sólo enfrenta una enfermedad difícil, sino que además lo hace sin ingresos", afirmó.
En tanto, el integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja Juan Luis Castro (PS) sostuvo que en vista de estos hechos "es esencial" que el contralor asista a su próxima sesión.
El diputado agregó que solicitará que vaya a la instancia, para que "podamos en detalle con él trabajar exactamente la magnitud del problema que esto significa".
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) dijo que se debe proceder con la mayor transparencia para saber cuántas personas son las afectadas.
"No son números, son personas que están esperando que se les paguen las licencias médicas y por tanto el Gobierno del Presidente Piñera va a poner todos los recursos necesarios para pagar las licencias médicas", aseguró el parlamentario.
Finalmente, su par Manuel José Ossandón pidió diferenciar las 27 mil licencias que el Minsal declaró como resueltas, por ser "directas, pagos a privados", mientras que las casi 300 mil que aparecen en el informe que yo planteé "son reembolsos de entidades públicas o municipios".
"Lo que demuestra que el Compin tiene un desorden tremendo, que hay que buscar la fórmula de apurar, porque además, esto produce un tremendo déficit en los servicios públicos", añadió.
Subsecretaria: Las personas recibieron sus subsidios
La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, salió al paso del informe y detalló que el 99,8 por ciento de las 315 mil licencias ya fueron pagadas a los beneficiarios.
"Las 315 mil licencias retrasadas sobre las que se pronuncia el informe de la Contraloría son al 14 de diciembre del 2018, que considera las seis oficinas de la Región Metropolitana. El 99,8 por ciento de las 315 mil licencias corresponden a licencias de reembolsos de funcionarios públicos y, por lo tanto, es muy importante señalar que en todos y cada uno de esos casos, las personas recibieron sus subsidios, lo que está pendiente es la resolución para el pago a las instituciones", señaló Daza.
Dentro de las próximas acciones para alcanzar las metas propuestas, hemos decidido designar a una Interventora para Regiones. Partimos desde una situación crítica en la oficina más compleja del país (COMPIN Moneda), y ahora es el minuto de escalar a otro nivel.
— Paula Daza (@pdazan) July 24, 2019
Minsal confirma intervención en regiones
La subsecretaria anunció además que "pronto" comenzará un segundo proceso de intervención en las cinco oficinas restantes de la RM con Paula Labra nuevamente a la cabeza, mientras que Andrea Ampuero fue nombrada para intervenir en regiones.
En esta primera etapa, el plan del Minsal contempla las regiones de Tarapacá; Antofagasta; Maule y Biobío, con el objetivo de "levantar la información y mejorar la gestión", según Daza.
