El Ministerio del Interior dio a conocer en la tarde de este martes el primer borrador del Compromiso transversal por la seguridad, documento consensuado en una reunión llevada a cabo en La Moneda.
En el texto, de 14 páginas y que se seguirá trabajando durante febrero, se refuerza el rol de los municipios en materia de seguridad, así como también el de los gobiernos regionales.
Entre estas disposiciones se encuentra la "posibilidad de que los inspectores de seguridad municipal puedan, cuando retengan personas sorprendidas en delitos flagrantes, trasladarlas a las instalaciones policiales para ponerlas a disposición de Carabineros o PDI, previa autorización de las policías".
"Se establecerá como un delito agravado la agresión de fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible", añaden.
También se buscará "dotar a los Gobiernos Regionales de competencias en materia de prevención del delito así como de protección y apoyo a víctimas. Estas atribuciones excluyen cualquier competencia directa o indirecta vinculada a la seguridad y orden público, tales como la dependencia y subordinación de las policías, el control del orden público, la distribución policial y la legitimación activa para la presentación de querellas".
Trabajo público-privado
En materia de seguridad ciudadana, también se busca aumentar las medidas de seguridad en bancos y prevenir asaltos al retail de alto valor en malls, con la presentación de un proyecto de ley con normas para los cajeros automáticos.
Junto a esto, se espera avanzar en la regulación de motos y servicios de delivery y modernizar la seguridad en eventos masivos y espectáculos deportivos.
Otras de las iniciativas comprenden la recuperación de espacios públicos deteriorados, la activación nocturna de espacios públicos y el aumento de contribuciones en forma exponencial a los dueños de sitios eriazos en zonas urbanas de alta densidad.
Asimismo, también se avanzará en legislación para controlar los arriendos irregulares, en una mayor presencia del Estado en los barrios vulnerables expuestos a la "narco beneficencia" y al control territorial por parte del narcotráfico.
Atención a víctimas
Otro de los puntos relevantes del acuerdo es la presentación de una indicación a proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos.
También se buscará crear un mecanismo administrativo del SII para eximir el pago de contribuciones a los propietarios cuyos predios o inmuebles han sido tomados cuando exista una solicitud de desalojo que el Estado no ha logrado completar, además de una rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por incendios intencionales efectuados por terceros.
Uso de armas
En materia de armas, se aumentarán las penas, eliminando el grado inferior, para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares altamente concurridos, con un proyecto al que se le pondrá suma urgencia.
Otra iniciativa, que será presentada en marzo, busca "sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos".
Finalmente, se adquirirán de Sistemas de Identificación Balística para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, junto con unificar las bases de datos de identificación balística de ambas policías y conexión de las dos bases con el Banco de Pruebas de Chile.
Control fronterizo
El texto dice que se busca incorporar en el algoritmo de distribución policial la existencia de fronteras a resguardar, junto con ampliar la disponibilidad de zetros (vehículos/casas móviles) para policías que patrullan las fronteras habilitados para garantizar desplazamientos y habitabilidad en ese tipo de territorios.
En junio se presentará un proyecto para habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje.
Durante febrero, y en el marco del proyecto de infraestructura crítica, "se dictará el decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas, incluidas las reglas del uso de la fuerza".
Además, se presentará una indicación a la "Ley Anti-Coyotes" para extender la detención de los sospechosos mediante diversas vías cuando hay casos de trata de personas o de delitos más graves ligados al tráfico de migrantes.
Delitos de mayor connotación social y ocupación de predios
Durante abril se pondrá suma urgencia al proyecto que eleva penas para los delitos de secuestro, y en julio otra iniciativa buscará establecer que detenciones sucesivas se consideren al momento de definir la prisión preventiva.
En marzo se presentará un proyecto, impulsado por los senadores Quintana y García Ruminot, que buscará facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes.
Otra medida será el bloqueo de celulares en las cárceles como exigencia a los prestadores de servicios telefónicos.
Institucionalidad
El Ejecutivo acelerará la tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y en una reforma que transformará al actual delegado presidencial en dos autoridades que asumirán sus funciones actuales: la jefatura del gabinete regional y la autoridad regional de seguridad.
Otro proyecto buscará crear fiscalías supraterritoriales (por ejemplo en la Macrozona Norte) para investigar delitos complejos a concordarse con el nuevo Fiscal Nacional.
Creación de una mesa de trabajo en materia de inteligencia con parlamentarios para poner urgencia a tramitación de proyecto en abril.
Protección policial y dotaciones de Carabineros y PDI
Durante este año se seguirá con la revisión de los protocolos de actuación de Carabineros y se evaluará la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser.
Junto a esto, se patrocinará la moción parlamentaria Ley Naín 2, que busca eliminar las penas alternativas en casos de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios de Carabineros.
Se busca ampliar la planta de asistentes policiales de la PDI de 1.142 a 4.892 en un plazo de 15 años.
En Carabineros, se aumentarán 900 plazas de personal llamado a servicio con recursos proyectados de la reforma tributaria y se liberará a 577 funcionarios del personal de nombramiento institucional (PNI) con la ampliación de la Comisaría Virtual.
Finalmente, se prevé un aumento de la gratificación especial de riesgo a Carabineros que se desempeñan en las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta desde un 10% a un 30%, en las regiones de Atacama y Coquimbo de un 10% a un 20% y la región de Los Ríos de un 10% a un 20%.
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