La Corte Suprema emitió este miércoles su informe respecto al proyecto de ley que busca resguardar la seguridad y la convivencia en espacios públicos, una moción parlamentaria patrocinada por los senadores Karim Bianchi, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Paulina Núñez, presidenta de la Cámara Alta.
La iniciativa, que endurece sanciones por rayados, basura y ruidos molestos, contempla una indicación clave para extender las prohibiciones de consumo de alcohol y drogas a los bienes comunes de copropiedades inmobiliarias.
El pleno de ministros analizó la propuesta que amplía las zonas de restricción y que busca que los tribunales consideren la reiteración de la conducta para fijar los castigos. Sin embargo, advirtió serios reparos técnicos sobre cómo se está legislando la materia en relación con las facultades de los Juzgados de Policía Local.
Al evaluar los mecanismos sancionatorios sugeridos por los legisladores, la Corte aclaró que "en la actualidad la ley ya entrega a la judicatura de policía local herramientas de determinación discrecional de la sanción de los infractores, dentro de los marcos legales", motivo por el cual desestimaron la utilidad de la redacción propuesta.
De acuerdo con la resolución aprobada por el pleno, "la propuesta poco aporta a ese escenario, pues se describe como no vinculante y carente de contenido".
En lugar de utilizar fórmulas ambiguas, el tribunal sugirió al Congreso optar por una técnica legislativa adecuada que configure "mandatos claros de elementos que deben ser ponderados y graduados para imponer una sanción proporcional, tales como reincidencia, gravedad de la conducta, capacidad económica, u otros".
