Dio a conocer su dictamen en el caso del corredor de Pedro Aguirre Cerda para Transantiago.
El ministerio había acordado pagar 17.000 millones de pesos a la empresa para evitar una demanda.
Se estableció que sólo 131 millones de pesos están "justificados administrativamente".
La Contraloría General de la República dio a conocer este viernes su dictamen en el llamado caso Kodama, estableciendo que el Ministerio de Vivienda no ejerció "cabalmente su "deber de control" sobre los actos del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana.
En el documento la Contraloría establece que se "materializaron conductas destinadas a obtener rápidamente" la autorización al pago de los 17.000 millones de pesos a la empresa Kodama, a cargo de la construcción del corredor Pedro Aguirre Cerda para Transantiago.
En 2010, Kodama demandó al Serviu por 41.500 millones de pesos, debido a los gastos extras que originó el corredor.
En este escenario, la entonces ministra de Vivienda, Magdalena Matte, firmó un decreto que sellaba el acuerdo en que la constructora se desistía de acciones legales a cambio de 17 mil millones de pesos, pago que fue frenado por la misma Matte, quien por sus responsabilidades políticas en el caso renunció a su cargo el 19 de abril pasado.
Los controles que se evitaronEn informe de la Contraloría se detalla que ciertos servidores del Serviu Metropolitano y el Minvu establecieron el modo de compensaciones a Kodama -a fin de evitar la millonaria demanda presentada por la firma- y se recurrió a "una modalidad no sujeta al control de juridicidad" de la Contraloría, "excluyendo de además la aplicación de la regulación propia de estos contratos de obras".
"De haberse celebrado un contrato de transacción sin presentarlo al tribunal (la corte que analizaría el caso), el acto probatorio de aquel acto de voluntades, debía someterse necesariamente al trámite de toma de razón, mismo control de legalidad que había procedido si se hubiera optado por reconocer el pago de los gastos generales mediante la dictación de una resolución, lo cual conforme a lo expuesto, estos funcionarios querían evitar", se agrega.
La Contraloría sostiene además que una vez analizado el informe justificatorio de los montos solicitados como compensación, el que fue elaborado con posterioridad al contrato de transacción, se estableció que sólo la suma de 131 millones 351 mil 373 pesos de los 14.096.984.927 pesos se encontraban "justificados administrativamente", cifras que excluyen "lo relativo a multas pendientes de definir en el contrato".
"En atención a la actuación de ciertos servidores, funcionarios y agentes públicos", se indica que el informe dado a conocer este viernes, así como sus antecedentes serán incorporados en el sumario administrativo que se encuentra instruyendo la Contraloría, con el fin de velar por el cumplimiento de las normas sobre probidad administrativa y los deberes asociados a quienes se desempeñan en la administración pública.
