La concesionaria del Aeropuerto de Santiago recurrirá al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tras entrar en disputa con el Ministerio de Obras Públicas, que no ha accedido a la petición para extender la concesión producto de los efectos de la pandemia en la industria aérea.
Nuevo Pudahuel quiere extender el contrato de concesión, debido a que la emergencia sanitaria y sus consecuencias en distintos ámbitos han afectado directamente a los ingresos del terminal aéreo, generando pérdidas de acuerdo a las inversiones realizadas en la remodelación del complejo.
Fernando Echegaray, director ejecutivo del grupo ADP, accionista de Nuevo Pudahuel, explicó que la "falta de tráfico es la que pone en evidencia el desequilibrio de la concesión".
"Si se produce ese desequilibrio, nosotros hemos pedido al Gobierno que nos sentemos a negociar para buscar y reencontrar ese equilibrio, porque hemos hecho una inversión muy importante que se ha visto perjudicada por una cuestión excepcional que nunca había existido", manifestó el representante.
"A situaciones excepcionales, soluciones excepcionales", cerró Echegaray.
El contrato, que está en su quinto año, tiene vigencia hasta el año 2035 y considera que las ganancias se repartan en porcentaje de 22% para la concesionaria y 78% para el Estado de Chile; la proyección es que recién el 2025 las rutas estén normalizadas.
"NO HAY OBLIGACIÓN DE QUE LOS CHILENOS PAGUEN LAS PÉRDIDAS"
Nuevo Pudahuel notificó a La Moneda sobre su decisión de recurrir al Ciadi.
Desde el Gobierno, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dijo que analizará la carta, que no se trata del primer reclamo, no obstante aclaró que el contrato no considera modificaciones en caso de pocos ingresos y enfatizó que cualquier baja de rentabilidad para la concesionaria también significa menores recursos para el país.
"Es una pandemia que nos ha golpeado a todos, lamento que haya influido en el aeropuerto, pero es uno más de personas mucho más débiles que ellos que han sido afectadas", comentó también.
En ese sentido, subrayó que "no hay obligación alguna de que los chilenos tengamos que pagar por las pérdidas que tenga la empresa en estos meses, como tampoco recibimos los beneficios cuando les ha ido bien o les vaya bien en el futuro".
Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN), de la Comisión de Transportes de la Cámara Alta, señaló que "en todos los países donde ha habido dificultades, al menos se han sentado a conversar los ministerios de Obras Públicas, los de Transportes, con los concesionarios para poder restablecer las condiciones" porque, apuntó respecto a la situación en Chile, "ellos (los concesionarios) no son responsasbles de la crisis político-social de octubre (de 2019) ni de la crisis sanitaria".
