Sernac exige a organizadora de maratones de Santiago y Viña restituir cobros improcedentes

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Autor: Redacción Cooperativa

El organismo abrió un procedimiento contra la productora Prokart SpA tras constatar recargos injustificados.

Sernac exige a organizadora de maratones de Santiago y Viña restituir cobros improcedentes
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El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con la empresa Prokart SpA, productora a cargo de la organización de las maratones de Santiago 2025 y 2026, de Mujeres de Santiago 2025 y de Viña del Mar 2025, con el fin de que reintegre dineros cobrados indebidamente a los participantes.

La acción de la entidad fiscalizadora se originó luego de detectar que la empresa derivó el proceso de inscripción a una tercera compañía, traspasando un cobro adicional a los usuarios. A juicio del servicio, dicho recargo infringe la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores, pues no representa ninguna contraprestación ni servicio anexo que lo justifique.

A este hecho se suma la falta de información veraz y oportuna sobre el valor total que debían pagar los deportistas al momento de registrarse.

Falta de hidratación, medallas y cláusulas abusivas

Dentro de las anomalías detectadas en las bases de los eventos, el Sernac constató deficiencias graves, particularmente de cara al Maratón de Santiago 2026, donde se omitió la entrega de las tradicionales medallas tipo "Finisher", así como la ausencia de servicios básicos de hidratación y avituallamiento para los participantes.

Asimismo, tras una revisión técnica a los contratos de adhesión de Prokart, el servicio detectó cláusulas abusivas que generaban un desequilibrio perjudicial para los clientes: la productora se facultaba a autorizar cobros sin justificación, imponía restricciones injustificadas y se eximía de antemano de cualquier responsabilidad ante fallas en la realización del evento.

¿Qué exige el Sernac?

A través de este procedimiento extrajudicial, el Sernac solicitó a Prokart SpA:

  • La restitución del 100% de los montos cobrados indebidamente, sumando los correspondientes reajustes e intereses legales.
  • Que los pagos se ejecuten directamente a los consumidores mediante transferencia bancaria o vale vista.
  • La modificación inmediata de los contratos, eliminando de forma definitiva las cláusulas abusivas detectadas para que no vuelvan a aplicarse en competencias futuras.

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