Cerca de 800.000 argentinos se han adherido a una demanda colectiva -que se presentará en breve- contra la reforma de la ley de protección de los glaciares, que busca permitir millonarios proyectos mineros en áreas cercanas a los campos de hielo, lo que anticipa una nueva batalla legal en defensa del agua.
El Congreso de Argentina aprobó el jueves último, por impulso del Gobierno de Javier Milei, una modificación a la ley de glaciares de 2010 y ese mismo día la provincia de La Pampa (centro), que se sirve de las aguas de un río que nace en zona de glaciares, presentó en tribunales federales el primer amparo colectivo contra la reforma.
En paralelo, varias organizaciones ambientalistas preparan otra acción judicial contra el cambio normativo y abrieron la demanda a la firma de los ciudadanos que quieran adherirse: 790.000 personas ya se han unido.
"Estamos preparando una demanda muy sólida y ya hay miles de personas que adhirieron. Se avecina un proceso judicial que puede durar muchos años. Además, estamos dispuestos a acudir a estrados internacionales. Esta causa es crucial: es el agua de los argentinos", dijo EFE Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que lidera la demanda junto a organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
La acción promovida por La Pampa y la demanda colectiva que se presentará plantean que la reforma es inconstitucional porque viola el artículo 41 sobre derechos ambientales de la Constitución argentina y contradice varios tratados internacionales firmados por el país trasandino, también con rango constitucional.
Millonarias inversiones
La ley de glaciares de 2010, pionera en Latinoamérica, establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
Mediante su reciente reforma, se otorga a las provincias con glaciares dentro de su territorio la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
Hasta ahora, estaba prohibida toda actividad en aquellas áreas que hubieran sido incorporadas al inventario nacional de formaciones glaciales.
El Gobierno de Milei ha alegado que esta reforma era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país.
Antecedente legal
La batalla judicial tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.
