En los primeros días de octubre de 1973 se creó el Comité Pro Paz, organismo impulsado por el cardenal Raúl Silva Henríquez para ir en ayuda social y legal de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en los albores de la dictadura de Augusto Pinochet, que sería la base de la posterior Vicaría de la Solidaridad.
María Luisa Sepúlveda, asistente social que trabajó en el Comité y posteriormente fue secretaria ejecutiva de la Vicaría, recordó este martes en conversación con Cooperativa cómo se gestó esta reacción de las iglesias cristianas tras el golpe.
"El cardenal Silva Henríquez ya en los primeros días de octubre de 1973 en el Arzobispado convoca a dos o tres personas -entre ellos el padre Fernando Salas- para empezar a ayudar a las víctimas, porque tenía una gran demanda a nivel de las parroquias. Hay que recordar que en ese entonces las detenciones eran masivas y había muchas personas que estaban siendo ejecutadas", dijo Sepúlveda.
La hoy presidenta del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos recordó que, según lo mostrado por la Comisión Valech, "el 68 por ciento de las detenciones con tortura durante todo el gobierno militar se produce entre septiembre y diciembre del 73". Por eso "la demanda era muy, muy grande".
En este contexto "el cardenal convoca a las otras iglesias cristianas y con la ayuda del Consejo Mundial de Iglesias genera esta institución", que contó con el comprometido trabajo de abogados como José Zalaquett, Andrés Aylwin y Roberto Garretón, que "desde el primer minuto nunca tuvieron ninguna duda de defender a las víctimas" e "inmediatamente se pusieron al servicio" para actuar como defensores en los consejos de guerra y presentar recursos de amparo.
Presiones y amenazas
Estos profesionales "a veces tenían menos de una hora para conocer los antecedentes y defender a la víctima", destacó Sepúlveda, que insistió en que el Comité, pese a representar a las iglesias, operó en condiciones "muy difíciles, porque ni siquiera tenía espacio en los medios de comunicación para comunicar que existía".
Fue sometida, además, a "muchas presiones durante casi todo el ejercicio de su tarea, que duró hasta finales del año 75 (...) Había presiones directas indirectas para que no siguiera" y "el personal, los profesionales que ahí trabajaban, tenían seguimientos", afirmó.
Pese a los "muchos problemas, la fuerza del cardenal Silva, la presencia de otras iglesias y la ayuda internacional desde el primer momento permitió que durara los dos años que duró", le permitió ser "un refugio para las víctimas" e "instalar, desde ahí la Vicaría de la Solidaridad".
Al poco andar, "muy rápido", al interior del Comité "se entendió que era imposible atender a la gente individualmente, y se empezaron a crear grupos de los familiares de las personas que no se encontraban. Nosotros no entendíamos lo que era el término 'desaparecimiento'; siempre pensábamos –y las familias también- en encontrar a las víctimas (...) De ahí nace la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos", contó Sepúlveda.
La profesional, que forma parte del directorio de la Fundación Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, dice hoy al mirar 40 años atrás que "lo que hizo el cardenal Silva, la visión que tuvo, lo mismo (el obispo luterano) Helmut Frenz y los abogados que trabajaron, fue de un gran servicio a Chile".
Su labor "también ha servido para implementar las políticas de verdad, justicia, reparación y memoria en estos 23 años después que acabó la dictadura", valora.
