Los diputados expusieron los correos masivos, la gira por Chile y la "piedra de tope" en las negociaciones durante el paro docente.
Este martes se dará cuenta de la acusación constitucional a la Sala de la Cámara de Diputados
Los diputados de oposición presentaron este jueves la ya anunciada acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a quien acusan de vulnerar la Constitución.
La acusación -publicada este jueves por La Tercera- consta de cinco capítulos acusatorios y de 91 páginas donde se acusa a la secretaria de Estado de faltar a la verdad con la gira que realizó por Chile abordando el Sistema de Admisión Escolar (SAE); se acusa el mal uso de datos por el envío masivo de correos electrónicos y Whatsapp defendiendo el proyecto de Admisión Justa; también denuncian una inadecuada implementación del Sistema de Educación Pública; baja ejecución presupuestaria y el no pago de la mención a educadores diferenciales.
Estos son los cinco capítulos acusatorios:
Gira por Chile contra el SAE
El primer capítulo aduce infracción a la Constitución y las leyes en cuanto a la "vulneración del principio de probidad, en su dimensión de falta de veracidad". Entre sus argumentos, cuestionan algunos tuits de la ministra criticando el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que fue aprobado en el Gobierno de Michelle Bachelet.
Este es uno de los tuits citado en la acusación constitucional:
Sist de admisión escolar pone muro entre familias y colegios. Ley prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sist. los derivó, y que quizás ni conocen, hasta después de matricularlo. En San Carlos familias reclaman que sist “los obliga a hacer lo que uno no quiere”. pic.twitter.com/DUQczlLQEF
— Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) February 12, 2019
En sus argumentos, la oposición remarca que "la ley sí contempla las entrevistas, y no las prohíbe, como señaló la ministra, faltando deliberadamente a la verdad".
"La fe pública comprometida por falta de veracidad compromete gravemente la probidad pública. Esta no es sino la confianza que tiene la ciudadanía en que, los que están a cargo de los asuntos públicos, actúen en pos del interés general, intachablemente", advierte el documento presentado por la oposición.
Esta denuncia llegó a Contraloría la que desestimó el caso afirmando que los gastos del Mineduc están en el marco de la legalidad.
Correos masivos a apoderados
El segundo capítulo acusa a la ministra de infringir la Constitución en cuanto al "respeto y protección a la vida privada y la protección de sus datos personales", además de infringir el "principio de finalidad previsto en la ley Nº19.628 sobre protección de la vida privada".
Este punto aborda los correos electrónicos que envió el Ministerio de Educación a padres y apoderados para "promocionar entre la población el proyecto de ley promovido por el actual gobierno, denominado 'Admisión Justa'".
Este caso también llegó a Contraloría, sin embargo, derivó la denuncia al Consejo Para la Transparencia que determinó que no hubo ilegalidades al respecto.
A juicio de los diputados, esta decisión fue errada "porque los padres y apoderados otorgaron dicho dato (sus correos) voluntariamente al Ministerio únicamente con el fin de que mediante esta vía se les notificare sobre el procedimiento de Admisión Escolar (...) y no para recibir información respecto a los proyectos promovidos por el presente Gobierno".
Implementación del Sistema de Educación Pública
El tercer capítulo acusa a la ministra de "no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia" para la "adecuada implementación de la ley Nº 21.040 (de Sistema de Educación Pública)".
El documento publicado por La Tercera advierte que Cubillos, "en su actuación personal, ha dejado sin ejecución diversas normas legales y reglamentarias en relación con los órganos sometidos a su dependencia, lo que ha alterado sustancialmente el cumplimiento de las disposiciones sobre la nueva política en materia de Educación Pública, que le corresponden en su cartera".
"La conducta ministerial hace responsable a su titular de la presente causal, consistente en dejar sin ejecución las leyes", denuncian los diputados.
La acusación destaca el caso del Servicio Local de Educación de Huasco, comuna en la que los concejales denunciaron al organimos por el abandono de los establecimientos de la zona donde se realizó un prolongado paro.
Piden a Contraloría investigar al Servicio Local de Educación de Huasco #CooperativaRegiones https://t.co/hsyULaoTXI pic.twitter.com/NmueUSgBWI
— Cooperativa (@Cooperativa) April 18, 2019
El texto de los diputados denuncia una "falta de servicio evidente del Ministerio de Educación al no efectuar lo que se encuentra 'Facultado para Hacer' como lo es tener una infraestructura mínima de baños para que los estudiantes puedan realizar sus clases con normalidad".
Ejecución presupuestaria
El cuarto capítulo acusa a Cubillos de "haber dejado sin ejecución las leyes por la omisión del cumplimiento de las obligaciones ministeriales, particularmente, en materia de ejecución presupuestaria".
El texto advierte que los mayores problemas de ejecución se concentran en las glosas relativas a la Dirección de Educación Pública (DEP) y a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Estos, advierte el documento, "son los que presentan los porcentajes más bajos de ejecución de gasto, como ocurre con la DEP que en conjunto recién alcanza un 21,1 por ciento y los SLEP prontos a entrar en funcionamiento respecto de los cuales la ejecución de gasto no alcanza siquiera al 5 por ciento a julio de 2019".
Vulneración del principio de igualdad
El quinto capítulo advierte la "obligación del Estado en la promoción, protección y respeto de los derechos fundamentales, y en específico, obligación del Ministerio de respetar y promover principios constitucionales en el ejercicio de funciones".
Esto en alusión al no pago de la mención para los educadores diferencial, una de las principales demandas en el prolongado paro de profesores.
El texto explica que "no es posible que las y los docentes de educación diferencial o especial puedan acreditar menciones asociadas a un 'nivel educativo' o 'subsector del aprendizaje'. En cambio, si pueden acreditar menciones asociadas a su título", como así lo permite la Ley.
"Desde el año 2008 a la fecha, el Ministerio de Educación ha restringido, en virtud de una errónea interpretación administrativa, el pago de la mención a los y las educadoras diferenciales, no reconociendo las menciones de estos profesionales asociadas a su título y, en definitiva, estableciendo una discriminación arbitraria, esto es, sin ninguna argumentación plausible", argumentan los diputados en la acusación.
Así, agrega el documento, "en virtud de la necesaria promoción de los derechos fundamentales, y en particular, el derecho a la igualdad y la no discriminación, es deber de todo ministro o ministra corregir tanto la errónea interpretación administrativa como las omisiones en los decretos ministeriales, en aquellos casos que dichas interpretaciones u omisiones sean vulneratorias de derechos fundamentales".
La acusación constitucional fue firmada por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Boris Barrera (PC), Natalia Castillo (RD), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Claudia Mix (Comunes), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Esteban Velásquez (Regionalista Verde) y Mario Venegas (DC).
