A juicio de la parlamentaria "era un chivo expiatorio para llegar a una acusación constitucional a la Presidenta".
"Se terminan utilizando los casos terribles de los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados para fines político electorales", añadió.
La diputada Vallejo se abstuvo de votar en Sala el informe de la comisión investigadora.
La diputada comunista Camila Vallejo, que en la comisión investigadora Sename II aprobó el reproche político a la ex ministra Javiera Blanco, pero se abstuvo de votar el documento en Sala, sumándose así al rechazo, explicó su postura afirmando que existía la amenaza de una acusación constitucional contra la Presidenta Michelle Bachelet.
"Todo terminó siendo si es que estaba o no el nombre de la ministra Blanco en el informe y todos, lamentablemente, caímos en eso. Por un lado, unos que lo único que le interesaba era un chivo expiatorio en el informe para llegar a una acusación constitucional a la Presidenta, y lo señalaban los parlamentarios de oposición, y por otro lado los que encontraban totalmente injustificado e injusto que estuviera su nombre", apuntó.
La parlamentaria remarcó que "se terminan utilizando los casos terribles de los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados para fines político electorales y la verdad es que yo y nuestra bancada no nos queríamos prestar para eso".
La ex dirigenta estudiantil también afirmó que del informe de la comisión investigadora se debe rescatar la propuesta de crear una comisión independiente y transversal sobre verdad, justicia y reparación, similar a la de los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Boric descartó presiones del Gobierno
En tanto, el diputado Gabriel Boric, que votó en contra del documento emanado por la instancia parlamentaria, negó "presiones del Gobierno" y explicó que el informe "no abordaba la problemática de fondo".
El parlamentario por Magallanes criticó que había "condescendencia con autoridades responsables de la crisis del Sename. Sólo se mencionaba a Javiera Blanco y sin establecer responsabilidades concretas".
Boric calificó este hecho como "grave, puesto que en la práctica, con este informe se eludía las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente penales (a determinar por tribunales) de muchos de los responsables de la crisis".
