Los magistrados tendrán cinco días hábiles para emitir un informe con sus conclusiones.
La defensa contarán con hasta 30 minutos para realizar los alegatos.
El pleno de la Corte Suprema escucha este viernes los alegatos para definir, en los próximos días, la posible expulsión de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz.
Los 14 ministros que integran el máximo tribunal evaluarán durante esta jornada la posible expulsión o la absolución de cargos contra los tres jueces.
La relatora del pleno leyó las conclusiones del informe de la ministra Rosa María Maggi, quien levantó cargos por tráfico de influencias y faltas a la probidad contra los cuestionados jueces.
Una vez concluído esta etapa, el pleno tendrá cinco días hábiles para emitir un informe donde se resolverá las medidas disciplinarias contra Elgueta, Vásquez y Albornoz.
El viernes pasado la Corte Suprema rechazó la solicitud de implicancia que presentaron las defensas de los cuestionados jueces para inhabilitar a los cinco ministros de la Tercera Sala del máximo tribunal ante el sumario que plantea la remoción.
Defensas apuntan pruebas ilícitas
En sus alegatos, las defensas cuestionaron la forma en cómo se originó este sumario interno, apuntando directamente contra la investigación penal que llevaron a cabo los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya, a quienes acusaron de utilizar pruebas ilíticitas, como grabaciones ilegales para indagar a los jueces.
El abogado de Vásquez, Isidro Solis, los acusó de "policías de la televisión" y agregó en audiencia que "el fiscal Arias acusa a Moya de obstruir gravemente la investigación ¿qué pasó en la causa Huracán, su señoría? Se cometieron una gran cantidad de delitos y ¿quien participa?".
"El mismo fiscal que recibe este documento apócrifo y el mismo que guarda grabaciones durante 18 meses y que las blanquea cuando ya tiene una causa hecha de nuevo en su escritorio ¿esa es la verosimilitud que tiene la acusación a un ministro de la Corte de Apelaciones?", agregó.
En la misma línea, aseguró que "si esta va a ser la forma de persecución penal en Chile en que los medios de pruebas se falsifican y se alteran, francamente va a ser muy difícil transformar esto en un Estado".
El ex ministro de Justicia acusó además que "en esta causa se ha hecho uso de prueba que tiene el carácter de ilícita, se hizo de grabaciones que correspondían a una determinada causa que en el mes de abril del año 2017, de acuerdo a las disposiciones legales, el tribunal, habiendo concluido la causa, ordenó la destrucción de esos audios".
"Sin ninguna explicación, 18 meses después, los fiscales los hacen aparecer repentinamente, sin dar cuenta de por qué incumplieron la orden judicial, estando prácticamente en desacato", agregó el ex secretario de Estado.
El pleno entregará respuesta en dos semanas
El pleno de la Corte Suprema resolvió juntarse nuevamente en dos semanas más para tomar una resolución que podría derivar, por ejemplo, en abrir un cuaderno de expulsión en contra de los tres jueces.
Sobre esto, el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, manifestó que "está en estudio y la Corte se va a reunir en su tribunal pleno en la semana subsiguiente para adoptar la decisión sobre el particular".
Cisternas explicó que "la primera posibilidad es que se confirme lo solicitado o lo planteado por la señora ministra Maggi, en el sentido de aplicar para los tres inculpados la medida disciplinaria máxima, que son cuatro meses de suspensión, y adicionalmente abrir un cuaderno de remoción".
"La segunda posibilidad, en el otro extremo absoluto, es que todos ellos sean absueltos y las posibilidades intermedias son que a alguno se aplique una medida máxima a otros una media y a otro una mínima", agregó.
"Si se ordena la apertura del cuaderno de remoción, se le pide informes a cada uno de ellos, a la Corte de Rancagua. Se recopilan los antecedentes que puedan ser su hoja de vida o similar, y recibidos esos antecedentes, el tribunal debe pronunciarse".
El caso también tiene una arista penal donde hasta ahora el único formalizado ha sido el juez Emilio Elgueta por prevaricación y enriquecimiento ilícito.
