El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Antofagasta, presentó una querella criminal en contra de la representante legal de la Fundación Procultura.
La acción legal apunta a María Constanza Gómez, en calidad de autora del delito consumado de apropiación indebida, "sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a otras personas y a la querellada por otros hechos y delitos, de acuerdo con los avances de la investigación penal", señalaron desde el CDE.
Dicho ilícito, sostiene el CDE en su querella, se habría configurado mediante la suscripción de cuatro convenios de transferencias de recursos entre la mencionada fundación y la Seremi de Vivienda y Urbanismo y Serviu –en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Región de Antofagasta–, a los que se añadió un quinto correspondiente al Programa de Recuperación de Barrios.
Los cinco convenios totalizaron 545 millones de pesos, los cuales apuntaban a la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos "Moisés", "Betzabet", "Arca de la Alianza" e "Israel", y para la implementación de la primera fase de recuperación del barrio "Villa Chica", de la comuna de Antofagasta.
Según la investigación, una vez suscritos los convenios, se procedió a transferir sin más trámite y en una sola cuota los recursos fiscales a la Fundación Procultura. Sin embargo, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades comprometidas, se detectó una serie de incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera de las iniciativas, que conllevaron a que la Seremi procediera a ponerles término anticipado.
Además, se observó el arriendo de oficinas por parte de Procultura, "cuyo valor excedía con creces el valor de mercado sin que ninguna autoridad competente en los convenios autorizara dicho gasto, el cual implicaba una destinación desproporcionada de recursos fiscales", como también se detectaron errores contables reiterados; cronogramas y planes de trabajo no aprobados por el Serviu e inexistencia de rendiciones financieras aprobadas.
La querella del CDE agrega que, tras proceder a la liquidación respectiva de los convenios, "transcurrido el procedimiento de reclamaciones y habiendo sido notificada la Fundación Procultura, correspondía que la querellada María Constanza Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió".
Previamente, el CDE había presentado ante el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta una medida prejudicial precautoria de retención de bienes, pero la entidad bancaria informó que dicha fundación no poseía fondos en su cuenta.
Por todo lo anterior, el CDE indicó que Procultura "distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios".
PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN VALORARON LA ACCIÓN
Tras la decisión de la CDE, las reacciones políticas no se hicieron esperar y diversos congresistas de oposición valoraron las sanciones que se deben aplicar por el mal uso de recursos públicos.
Desde la bancada republicana, el diputado Stephan Schubert recalcó que esperan "que esta querella surta efecto y se logre sancionar de manera drástica y ejemplificadora a todos los responsables de esta artimaña de montar una fundación, de recibir recursos públicos de manera generosa y no rendir cuenta como es debido".
En la misma línea, la parlamentaria Carla Morales (RN) sostuvo que es fundamental "que se apliquen las sanciones correspondientes porque son ayudas que no se concretan, son mejoras que no se realizan, son familias que se quedan sin estos programas que podrían mejorar su calidad de vida".
Por último, la diputada Karen Medina (PDG) manifestó que es importante buscar "a quienes son los responsables, porque aquí no están solo las fundaciones, aquí también hay entes públicos, hay servidores públicos de elección popular que se han prestado para este modelo de fraude al fisco".
